La senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de la mesa de paz que adelanta el Gobierno Petro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, se refirió a la más reciente decisión que tomó la fiscal Luz Adriana Camargo: revocó la suspensión de las órdenes de captura de 16 integrantes de ese diálogo, luego del escándalo que generó la resolución que firmó y las demandas que llegaron al Consejo de Estado.
Desde la cárcel de La Paz de Itagüí, donde se adelanta la negociación, ella aceptó que hay una discusión jurídica compleja con el beneficio a los criminales: “Esta delegación hizo la solicitud a la Consejería Comisionada (de Paz), quien la dirigió en el mes de febrero a la Fiscalía. La Fiscalía consideró, en su momento, que era pertinente, hoy considera que no. ¿Eso qué quiere decir? No hay claridad sobre la pertinencia o no. No hay una posición única en relación a la pertinencia de esas medidas”.
El escenario se complicó porque el ente de acusación frenó las órdenes de detenciones para personas que, paradójicamente, ya fueron capturadas, enfrentan cargos desde las prisiones o ya tienen condenas. Algunos expertos consideraron que fue irregular, como la exministra de Justicia del Gobierno Petro, Ángela María Buitrago, que aseguró en SEMANA que la medida se aplicó de manera irregular.
Zuleta también habló de esta situación: “No es lo más frecuente que a un privado de la libertad le den una orden de captura porque ya está capturado. No es lo más común. Parece ilógico, pero son las realidades que se viven en este proceso”.
Por otro lado, la congresista del Pacto Histórico reveló el origen de la petición para congelar las órdenes de captura. Al parecer, respondería a una estrategia para frenar la “persecución judicial y mediática” que sufriría el proceso, contrario a otras versiones que alertan que se buscaría reducir el cerco a los criminales para que busquen votos en medio de la primera vuelta, programada para el 31 de mayo.
Así lo justificó Zuleta: “¿Cuál es el origen de la resolución? El origen de la petición a la Fiscalía de la resolución es la persecución judicial y mediática a este proceso. Si el proceso de paz urbana no tuviese persecución por los medios de comunicación, por las autoridades locales, no sería necesaria la resolución. La petición de esta garantía fue necesaria por la persecución que se vive. Meramente, una garantía, no es un procedimiento y, mucho menos, una libertad, como se dijo falsamente por el señor gobernador”.
