Con derecho de petición piden cumplir norma que permitiría decretar pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro

Todo lo requerido estaría. Así lo estima el partido Oxígeno, que pasó un derecho de petición a la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, de manera que procedan a dar cumplimiento al numeral 4 del artículo 21 de la ley 996, que conduzca a decretar la pérdida del cargo de Presidente de la República, según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

El derecho de petición fue radicado el pasado viernes, 5 de diciembre, con el objetivo de que se retire del cargo a Gustavo Petro Urrego, elegido en 2022, con base en la decisión del Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, en la que se comprueba la violación de topes máximos a la financiación de su campaña.

El movimiento ‘antipetro’

Hay que señalar que el derecho de petición fue tramitado por la llamada Selección antipetro, que recientemente causó diversas reacciones en redes sociales, luego de que Íngrid Betancour, del partido Verde Oxígeno, anunciara la estrategia.

El mencionado movimiento promete ser una campaña agresiva contra las políticas y la administración del actual y este derecho de petición sería una de las primeras acciones.

El caso contemplado en la norma sobre la cual se ampara el peticionario sería el de indignidad política.

Hay que señalar además que el documento lleva la firma de varias reconocidas personalidades del acontecer nacional, entre ellos, Alejandro Gaviria, Beatriz Uribe, Silverio Gómez, entre otros integrantes de La selección antipetro.

Varios de ellos están en la lista de los aspirantes al Senado por el partido Oxígeno, de cara a las elecciones del año entrante en las que se escogerá a un nuevo Congreso de la República o se ratificarán algunos nombres de los actuales ocupantes de curules.

El derecho de petición tramitado pide de manera expresa “el cumplimiento de la ley estatutaria de igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República con el fin de que, sin dilaciones ni pretextos, se concrete la pérdida del cargo que es la consecuencia que establece la Constitución, en el inciso 7 del artículo 109, para las campañas que violan los topes de financiación”.

“Se deslegitima la autoridad”

A juicio de los peticionarios del cumplimiento de la norma, cuando hay corrupción en campañas políticas, mediante la violación de los topes máximos de financiación, se configura “un gravísimo vicio en la legitimidad de origen del mandato de una autoridad”.

Y no es todo. Los firmantes del derecho de petición argumentan que en tales casos s conforma una “ilegitimidad en el ejercicio del cargo al prevalecer el interés particular sobre el general, con lo cual se pone en marcha un círculo vicioso que traiciona la voluntad política ciudadana y vulnera el estado social y democrático de derecho”, dice el documento.

“Los partidos se pierden por W”

Para la argumentación del derecho de petición, que consta de 9 páginas, los solicitantes acuden a sendas normas, una de las que hacen parte de la columna vertebral de la normativa, es la misma Constitución, en la que hay dos mandatos expresos que tocan con el caso.

Uno de ellos es el que menciona los límites a la financiación de campañas, como una forma de proteger la igualdad democrática. Transgredir ese derecho implica romper el equilibrio electoral.

Pero además, en la Constitución también está expresado que la voluntad popular, que se manifiesta a través del voto, no puede ser distorsionada a partir de ventajas económicas.

El movimiento La selección antipetro, que utiliza un lenguaje alusivo al fútbol, concluye que “los partidos de fútbol se pierden por w cuando los deportistas omiten el cumplimiento de sus deberes. En una democracia los ciudadanos no son espectadores, son protagonistas”.