La Registraduría Nacional del Estado Civil informó de la desarticulación de una banda criminal transnacional que se encargaba de la expedición de cédulas de ciudadanía a extranjeros de nacionalidad venezolana y dominicana.
Los involucrados fueron capturados por estos hechos gracias a un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia.
Algunos de los delitos que podrían enfrentar por estos hechos serán el tráfico de migrantes y concierto para delinquir por esta obtención fraudulenta de identidades colombianas.
La captura de las 15 personas se dio gracias a una operación que se llevó a cabo en distintas ciudades como Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Neiva (Huila).
Entre los capturados se encuentran tres funcionarios de la Registraduría: uno de la Registraduría Especial de Barranquilla, otro de la Registraduría Distrital, en Bogotá; y un tercero de la Registraduría Auxiliar de Suba Tibabuyes, también en Bogotá.
Otra de las medidas que se tomó es que desde la Registraduría se cancelaron 43 cédulas de ciudadanía que fueron obtenidas irregularmente por los ciudadanos extranjeros.
“La coordinación interinstitucional permanente es clave para desarticular estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y, a su vez, para erradicar cualquier acto de corrupción. En la Registraduría trabajamos a diario para que esta sea una entidad íntegra y transparente, con los más altos niveles de confianza ciudadana”, afirmó el registrador Hernán Penagos.
Desde la entidad ratificaron su compromiso por colaborar con las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se pueda sancionar a los involucrados en estos hechos.
En las últimas horas se había conocido información relacionada en la que se mencionaba esta red criminal. En el caso de los dominicanos, les habrían entregado documentos para hacerlos pasar como colombianos y que pudieran llegar posteriormente a España.
De acuerdo con la Dijín, los funcionarios públicos y otras 13 personas que incluyen a ciudadanos de República Dominicana, entre ellos el cabecilla, lograron construir un negocio criminal en el que ofrecían convertir a los ciudadanos dominicanos en colombianos, luego de que hicieran un pago entre los 2.000 y 5.000 dólares.
Los criminales tenían establecidos roles: unos identificaban a las víctimas, otros los trasladaban hasta Colombia, los alojaban y les ofrecían la posibilidad de llegar a las distintas entidades donde, gracias a la participación de funcionarios públicos, completaban el proceso para quedar legalmente establecidos como colombianos y pasar desapercibidos ante las autoridades.