Para conocer sobre corrupción y transparencia en contratación pública en Colombia, Perú y Ecuador, la consultora internacional IPSOS llevó a cabo una encuesta dirigida a 2.250 empresarios pequeños, medianos y grandes que ejercen en los sectores de manufactura, servicios y comercio, quienes además han participado en procesos de licitación con el Estado en los últimos cinco años.
En el caso de Colombia, este estudio, elaborado para el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), evidenció que el 94 % de los empresarios ha contemplado participar en procesos de contratación pública, pero que finalmente prefiere no hacerlo por la corrupción.
Los resultados de la encuesta muestran que se evidenció un aumento significativo en la percepción de corrupción en la política nacional en los últimos dos años. En el caso de Colombia, el 70 % de los encuestados considera que aumentó, lo cual supera a Ecuador (65 %) y Perú (66 %).
Frente a las dinámicas de soborno, el 33 % de los empresarios colombianos considera que el empleado público es quien solicita o insinúa un pago. El 42 %, por otro lado, cree que se sabe con anterioridad la modalidad de pago y el monto. El 9 % considera que la empresa es la que se ofrece a pagar para ganar las licitaciones.
Por otro lado, el 82 % de los empresarios colombianos cree que la mayoría de las compañías del país ignora las conductas éticas para lograr ganar los procesos. El 83 % de los encuestados en Colombia está en desacuerdo con la utilización de la corrupción para facilitar trámites y procedimientos en instituciones públicas, cifra más alta que en Ecuador (82 %) y Perú (78 %).
Al preguntárseles a los empresarios colombianos si están de acuerdo con no sancionar a funcionarios corruptos por la posibilidad de que esto genere más corrupción, el 92 % estuvo en desacuerdo.
El 64 % de los encuestados en Colombia asegura que la probabilidad de que se investiguen a las empresas por incurrir en hechos de corrupción es baja. El 70 % no cree que sea probable sancionar a los funcionarios públicos para que no ejerzan sus cargos, y el 71 % considera que las sanciones y condenas son nulas para empresarios que incurran en estos actos.
Ante la responsabilidad, el 42 % asegura que la mayor cantidad de decisiones relacionadas con hechos de corrupción en entidades públicas recaen en ministros, directores, alcaldes y gobernadores. El 25 %, por otro lado, cree que el problema está en las oficinas de contratación, y el 15 % señala que los responsables son los jefes de contratación.
Los sistemas electrónicos de contratación del Estado, según los encuestados (64 %), sí habría facilitado la contratación pública transparente. Sin embargo, el 51 % cree que, dentro de los procesos, los demás usan prácticas anticompetitivas para asegurar el contrato, y el 59 % argumenta que los competidores buscan influir a su favor.
Finalmente, el 55 % de los empresarios colombianos cree que las empresas usan contactos personales o familiares dentro de la entidad para beneficiarse en un proceso. El 52 % da fe de otro truco: que empresas le pidan a otras empresas aliadas participar en cotizaciones con precios más elevados, para beneficiarlos en la decisión final.
El problema de la corrupción en Colombia sigue latente y, según las respuestas de los empresarios, la falta de competitividad en las licitaciones públicas evita que más empresas intenten obtener los contratos de manera limpia.