SEMANA estableció que la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra todos los voceros de las estructuras criminales de Buenaventura y Quibdó que fueron beneficiadas con esta medida por el presidente Gustavo Petro, en el marco de las negociaciones de paz. Esta decisión pone en riesgo la promesa del Gobierno de desarmar a estas organizaciones delincuenciales que tienen vínculos con el narcotráfico, homicidios y extorsiones.
En respuesta a un derecho de petición, el ente de acusación confirmó que el 27 de diciembre de 2025 expiró el salvoconducto para 12 personas vinculadas con las estructuras armadas de alto impacto de Quibdó y ocho relacionadas con Los Espartanos y Los Shottas, en Buenaventura.
La justicia reactivó su persecución contra los líderes de la paz total de Mexicanos, Locos Yam y RPS: Armando Robledo Moya, Diego Mauricio Valencia Minotta, Inocencia Córdoba Moreno, Jair Padilla Gamboa, Emir Yair Mena Becerra, Carlos Alfredo Rentería Córdoba, Sonny Antonio Pino Quejada, Jordan Andrés Córdoba Asprilla, Jefer Cuesta Córdoba, Jhon Jairo Ubaldo Orejuela, Javier Andrés Palacios Mena y Ernesto Palacios Córdoba.
Mientras que de Los Espartanos y Los Shottas son: Víctor Pretel Gutiérrez, Jannier Caicedo Murillo, Héctor Mario Angulo Perea, Jorge Isaac Campaz Jiménez, Félix Orlando Luna Angulo, Einar Leonidas González Rivas, William Carvajal Obregón y José Yimy García Rivas.
Además, la Fiscalía notificó a SEMANA que también suspendió las órdenes de captura contra cuatro representantes de las disidencias de las Farc que se les venció el beneficio el mismo 27 de diciembre: Sandra Milena Niño Guerrero, Jorge Angarita Jiménez, John Alexander Guerrero Quintero y Yulitza Alexandra Rojas Galviz.
Así las cosas, en lo que va corrido de las negociaciones de paz durante el Gobierno Petro, la Casa de Nariño ha solicitado la suspensión de órdenes de captura a 205 criminales: 108 se reactivaron porque volvieron a delinquir o incumplieron con los acuerdos de la mesa, y a 16 se les revocó la medida dado que están pagando condenas en la cárcel de La Paz, de Itagüí.
La suspensión de las órdenes de captura de las estructuras criminales ha generado una gran polémica. La más reciente resolución que expidió la Fiscalía, la cual favoreció a los delincuentes sentados en la negociación del Valle de Aburrá, movilizó a la opinión pública y llevó a los mandatarios regionales a demandar el documento ante el Consejo de Estado.
Varios sectores políticos han llamado la atención sobre la pertinencia de esta medida. El debate, por ahora, está centrado en alias Calarcá, el principal cabecilla de las disidencias de las Farc que negocia con el Gobierno Petro. La Fiscalía tiene pruebas que demostrarían que seguiría delinquiendo desde la mesa de paz, tal como lo ha denunciado SEMANA.