El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una presunta intervención en política en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial.
Según el exministro, la acción judicial se fundamenta en un mensaje publicado por el jefe de Estado el pasado 1 de junio en su cuenta de X, en el que manifestó que asumiría personalmente la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda. De acuerdo con el documento, Petro escribió: “Aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.
Para Ruiz, esa declaración podría configurar una conducta contemplada en el artículo 422 del Código Penal, relacionado con la participación indebida en actividades políticas por parte de servidores públicos.
La denuncia sostiene que el mandatario habría utilizado su investidura para favorecer electoralmente a una candidatura, lo que, según el exministro, vulneraría el principio de neutralidad que debe regir la actuación del Estado durante los procesos electorales.
El documento también señala que la publicación se produjo pocos días después de que el Consejo de Estado emitiera una decisión en la que ordenó al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral.
Según la denuncia, dicha sentencia fue proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Quinta del alto tribunal, al considerar que el mandatario incumplió disposiciones contempladas en la Ley de Garantías.
En el escrito radicado ante la Comisión de Acusaciones, Ruiz solicita la apertura formal de una investigación y pide que se adopten medidas para preservar las pruebas digitales relacionadas con el caso, incluyendo el mensaje publicado en X y sus respectivos metadatos.
Asimismo, solicita que se oficie al Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral para recaudar información relevante dentro del proceso.
La denuncia también plantea que el trámite tenga carácter preferente debido a la cercanía del calendario electoral y a la relevancia institucional de los hechos expuestos.
No obstante, el documento aclara que la acción presentada no busca la suspensión del presidente ni la limitación de sus derechos políticos. Precisa que cualquier decisión de esa naturaleza solo podría adoptarse mediante el procedimiento constitucional correspondiente ante el Senado de la República, en caso de que las investigaciones llegaran a determinar responsabilidades.