El ministro de Hacienda y coordinador del proceso de empalme del Gobierno nacional, Germán Ávila, arremetió este lunes contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de transición del presidente electo, Abelardo De La Espriella: lo responsabilizó de haber deteriorado el ambiente institucional del empalme con las declaraciones que entregó el pasado fin de semana contra el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su Gobierno.
Según Ávila, la entrevista concedida por Lucio a la revista Cambio no solo estuvo cargada de señalamientos sin sustento, sino que tuvo como propósito romper el proceso de transición entre los gobiernos saliente y el entrante.
“Declaraciones recientes de miembros del comité de empalme entrante acaban con el respeto, la dignidad y la decencia en un proceso como el que adelantamos. Seguramente estas declaraciones fueron intencionalmente dadas para impedir el proceso de empalme”, afirmó.
El ministro cuestionó que Lucio hubiera calificado de “criminales” al presidente Petro y a miembros de su equipo de Gobierno, además de hablar de una supuesta manipulación de la justicia y mencionar la posibilidad de que el jefe de Estado sea extraditado.
“Se han realizado acusaciones y ofensas al presidente y su equipo de Gobierno según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretende extraditarlos, entre otras torpezas manifestadas por este miembro del comité de empalme entrante. No las aceptamos. No tenemos ninguna razón para permitirlo ni tampoco tenemos nada que ocultar”, manifestó.
Ávila también rechazó que el proceso continúe siendo presentado por el equipo del presidente electo como un “empalme anticorrupción”, expresión que Lucio ha utilizado en repetidas oportunidades.
“No aceptamos empalmes con apellidos, ni anticorrupción ni antinada. Es un empalme institucional y punto”, sostuvo el funcionario, al advertir que ese calificativo transmite al país la idea de que el proceso parte de una presunción de responsabilidad contra el Gobierno saliente.
Durante su pronunciamiento, el ministro lamentó que el Ejecutivo hubiera buscado una transición institucional y, en respuesta, recibiera lo que calificó como ataques personales.
“Queríamos tener un gesto de altura institucional y democrática y solamente hemos recibido agravios e irrespetos; calumnias y ofensas, y no aceptamos una sola agresión más ni una amenaza más”, aseguró.
La respuesta del Gobierno nacional llegó luego de la entrevista que Lucio concedió el fin de semana, en la que lanzó una serie de afirmaciones que desataron una fuerte polémica.
Entre las palabras más duras, Lucio aseguró que Petro debía ser juzgado e, incluso, respaldó una eventual extradición del mandatario como lo ha prometido De La Espriella. Afirmó que el presidente Petro “ha delinquido” y lo acusó de haber manipulado la justicia y debilitado la Fuerza Pública.
En medio de la entrevista, Lucio calificó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como “un monstruo” y sostuvo que la aparición de Petro vestido de blanco el día de las elecciones obedecía a un supuesto “ritual de santería”.
También aseguró que mientras él permanecía secuestrado por el M-19, Petro supuestamente compartía con el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño.
Para Ávila, ese tipo de afirmaciones cruzó los límites del debate político y terminó por afectar un proceso que debía desarrollarse bajo criterios de institucionalidad. “Se traduce de sus expresiones que evidentemente quería romper el proceso de empalme y así lo hizo con su entrevista”, aseveró.
El ministro también recordó que el Gobierno representa a los 12.708.000 ciudadanos que respaldaron la candidatura oficialista en las elecciones y pidió que ese sector de la población sea tratado con respeto.
“No olviden nunca que representamos a 12.708.000 ciudadanos y ustedes representan a 12.900.000 ciudadanos. Esos colombianos no han desaparecido, son actores de la vida nacional y merecen todo el respeto y reconocimiento”, expresó.
Finalmente, Ávila aseguró que, si existen diferencias o eventuales responsabilidades jurídicas, estas deberán resolverse en los escenarios correspondientes, no a través de los medios de comunicación.
“Tenemos muchas razones para criminalizar sus actuaciones, pero no lo hacemos en los micrófonos, sino en los estrados judiciales”, concluyó, al insistir en que la información del empalme ya fue entregada al país en cumplimiento de las obligaciones legales del Gobierno saliente.