A solo cinco días del cambio de Gobierno, el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, expresó su preocupación por la adjudicación de millonarios contratos de infraestructura vial en La Guajira y pidió al Gobierno saliente abstenerse de firmarlos hasta que la nueva administración pueda realizar una evaluación independiente de los procesos.
#ATENCIÓN | El Equipo de Empalme del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), solicitó al Gobierno saliente abstenerse de suscribir contratos del INVÍAS por cerca de $3,2 billones en La Guajira, al considerar que una decisión de esa magnitud, a… pic.twitter.com/ZfPUWdd7bv
— Defensores de la Patria (@defensoresco) August 3, 2026
De acuerdo con el gobierno entrante, se trata de 10 contratos de obra y seis de interventoría para el mejoramiento de vías terciarias en ese departamento, cuyo valor conjunto asciende a cerca de 3,2 billones de pesos.
Además, el equipo de transición advirtió que estos compromisos afectan vigencias futuras hasta el año 2035, por lo que terminarían condicionando la gestión del próximo gobierno.
En el pronunciamiento, el equipo de De La Espriella cuestionó que una contratación de esa magnitud se adelante cuando restan pocos días para la posesión presidencial.
“Los colombianos tienen derecho a preguntarse por qué una contratación de esta magnitud se adelanta cuando restan apenas unos días para el cambio de Gobierno”, señala el documento.
En ese mismo comunicado también sostiene que la administración saliente debería concentrarse en garantizar una transición “ordenada y transparente”, en lugar de acelerar procesos contractuales de alto impacto económico.
Según el comunicado, las adjudicaciones comprenden siete contratos para el municipio de Uribia, por cerca de $2 billones, además de tres contratos adicionales para Riohacha, Maicao y Manaure por aproximadamente $1,1 billones. A ello se suman seis contratos de interventoría por alrededor de $204.000 millones.
El equipo de empalme anunció que también revisará la participación de empresas que integran varios de los consorcios adjudicatarios, así como la estructuración de los lotes y el nivel de competencia que tuvieron los procesos.
El Gobierno entrante insistió en que su posición no es contraria a la construcción de vías terciarias, sino a que decisiones de semejante impacto fiscal se adopten cuando la administración actual está próxima a finalizar su mandato.
Por esa razón, solicitó que no se suscriban los contratos adjudicados el pasado 27 de julio mientras la nueva administración realiza una revisión técnica, jurídica y financiera.