El Ministerio de Igualdad y Equidad tiene como fecha de vencimiento el próximo 20 de junio por decisión de la Corte Constitucional, dado que se probaron vicios de trámite durante su creación en el Congreso. A pocos días de cumplirse ese plazo, el Gobierno Petro intenta revivirlo contra viento y marea.
La única opción que tiene el Ejecutivo es lograr que, nuevamente, el Legislativo le dé el visto bueno al proyecto de ley y se refunde la cartera. Según fuentes consultadas por SEMANA, la iniciativa podría avanzar en la Cámara de Representantes, donde Gustavo Petro tiene las mayorías, pero estancarse en el Senado.
En una carrera contrarreloj, el Gobierno logró agendar en la Comisión Primera del Senado la discusión del proyecto, “por medio del cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones” para este miércoles, cuyos ponentes son los congresistas Clara López y León Fredy Muñoz.
También hay una propuesta para archivar el proyecto y sepultar la cartera.
La senadora María Fernanda Cabal anticipó que volverá a votar en negativo por el plan de la Casa de Nariño: “Hoy en el orden del día, en sesiones conjuntas de la Comisión Primera, se discutirá nuevamente la creación del Ministerio de la Igualdad. Nuevamente, diré ‘no’ a ese Ministerio que solo sirvió para repartir burocracia. No más ministerios inútiles para gastar la plata de los colombianos”.
El Ministerio de Igualdad y Equidad, por su parte, ha defendido su gestión y emprendió una campaña digital para posicionar sus resultados, pese a los duros cuestionamientos y denuncias de baja ejecución que se han hecho desde varios sectores políticos.
En un trino divulgado en las últimas horas, esa dependencia destacó: “Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad formulamos políticas públicas para cumplir a 14 poblaciones históricamente excluidas. En tres años, diseñamos una arquitectura institucional que nos permite llegar a los territorios para garantizarles sus derechos”.
SEMANA conoció que, de no avanzar el proyecto de ley, el Gobierno nacional remitiría una carta a la Corte Constitucional para que reevalúe la decisión que adoptó y amplíe los plazos a favor del Ministerio, buscando ganar tiempo para insistirle al Congreso en su refundación.