Uno de los hechos más graves de corrupción que ha salpicado al Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por el que varios de sus exfuncionarios están presos.
Uno de ellos es el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Sobre su caso puntual y los líos que tiene con la justicia, Petro publicó un mensaje en sus redes sociales.
En el mensaje, solicitó a la justicia la libertad inmediata de Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Además, el jefe de Estado indicó que su exfuncionario es un “preso político”.
“El profesor de economía Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de mi Gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político, también es un preso político de aparatos estatales —que persiguen al Gobierno— en manos de la oposición. Exijo la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla y pido a todos los organismos de derecho internacional su protección inmediata”, manifestó Petro en su cuenta de X.
El profesor de economía, Ricardo Bonilla ex ministro de hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político, también es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026
Exijo la libertad inmediata del… https://t.co/eAY33vtyEB
No obstante, la situación jurídica de Ricardo Bonilla cada vez se complica más, pues la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en su contra por el escándalo de la UNGRD, medida que también se trasladó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Aun así, la radicación llegó tarde, lo que provocó que Bonilla quedara en libertad.
En su momento, los exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro fueron enviados a la cárcel por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Fiscalía los imputó por su responsabilidad en le direccionamiento de los millonarios contratos para infraestructura, obra e intervención, que administraba en ese momento la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Finalmente, en las respectivas diligencias judiciales, la Fiscalía puso de presente que los exministros habrían utilizado sus cargos para generar el direccionamiento de los recursos públicos, pues se presentó una “división de tareas” para lograr los fines de la “empresa criminal” que, supuestamente, se confirmó para comprar a congresistas y que estos votaran favorablemente los proyectos y las iniciativas que presentaba el Gobierno ante el Legislativo.