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Humberto de la Calle y Ariel Ávila piden que se cite el proyecto para eliminar el CNE.
Humberto de la Calle y Ariel Ávila piden que se cite el proyecto para eliminar el CNE. - Foto: SEMANA

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Humberto de la Calle y Ariel Ávila urgen que se cite a debate el proyecto para eliminar el Consejo Nacional Electoral

Los senadores aseguran que si no se debate esta semana, podría hundirse por tiempos.

Mientras la reforma política anticorrupción del Gobierno fue aprobada en primer debate, existe una reforma política institucional que aún no logra captar la atención necesaria. Se trata del proyecto de Acto Legislativo liderado por los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila, el cual busca eliminar el Consejo Nacional Electoral y quitarle facultades a la Registraduría.

Los senadores aseguran que el planteamiento del Gobierno de introducir listas cerradas y paritarias no es la reforma más urgente. Argumentan que lo que se necesita es despolitizar la organización electoral, estableciendo una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano.

A pesar de que Roy Barreras, presidente del Senado, dijo que el planteamiento de los senadores es el segundo “brazo” de la reforma política, no se está teniendo en cuenta y, después de casi dos meses de su radicación, está al borde de hundirse.

Por esta razón, los senadores recuerdan la importancia de su proyecto y piden que sea citada a primer debate esta semana.

”Para limpiar la política del clientelismo y la corrupción, para eso hay que hacer reformas”, dijo Ariel Ávila, quien asegura que la reforma que impulsa el Gobierno va a cambiar poco el panorama actual.

”Lo que estamos proponiendo es un Consejo Electoral independiente. Hoy, el Consejo –esto es estructural, no es personal– está compuesto por enviados de los partidos. Luego, no hay quién haga cumplir esas normas que el Gobierno ya presentó sobre partidos”, explicó De la Calle.

Según el senador, este consejo independiente sería pieza fundamental para que todo el organismo electoral funcione.

Por otro lado, también recuerdan la importancia de reformar la Registraduría. “El exceso de concentración de poder es perjudicial para la democracia. La Registraduría va a quedar con funciones de identificación, de expedición de cédula, pero va a ser el otro órgano electoral el que vaya a organizar las elecciones”, explicó el congresista de la Alianza Verde.

Los senadores están abiertos a comentarios y otros caminos que lleven a despolitizar la organización. Sin embargo, quieren llamar la atención del Gobierno para que el proyecto no se hunda.

“Este mensaje va para Alfonso Prada, ministro del Interior, para todo el bloque alternativo en el Congreso y para el presidente Gustavo Petro. Esta reforma es fundamental y a los votantes hay que cumplirles. Por eso le pedimos al Gobierno y a todo el Congreso que esta misma semana se discuta el proyecto. Si no se discute, se hunde”, dijo Ávila.

Con el liderazgo de Roy Barreras en la Comisión Primera del Senado, se aprobó en primer debate la reforma política anticorrupción, propuesta e impulsada por el santismo puro al interior del Gobierno. La iniciativa busca fortalecer la democracia, la representatividad y la paridad de género, pero, al mismo tiempo, tiene un fuerte impacto en las dinámicas del elector.

Con pocas excepciones, los ciudadanos colombianos se dirigen a las urnas con un número y un partido político en mente. Al tacharlo en el tarjetón, le daban su voto a un candidato en específico para ayudarle a lograr una curul. Sin embargo, con la modificación que plantea el Gobierno, los ciudadanos depositarían a ciegas su confianza en una colectividad y en el orden de candidatos que esta determinó.

El proyecto busca modificar el artículo 262 de la Constitución, de manera que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos inscribirían listas únicas, cerradas y bloqueadas para las elecciones. Estas también serán de la modalidad cremallera, en la que existe alternancia entre hombre y mujer.

A pesar de que la reforma exige mecanismos democráticos y plantea sanciones si no se cumplen, cualquier controversia quedaría en manos del Consejo Nacional Electoral, con magistrados partidistas y elegidos por el Congreso. Por esto, congresistas como Humberto de la Calle y Ariel Ávila aseguran que antes de darles dichas responsabilidades a las colectividades, se debe reformar y despolitizar la organización electoral.

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