La senadora María Clara Posada no deja de escudriñar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este jueves, 5 de noviembre, la congresista del Centro Democrático reveló un nuevo hallazgo sobre el tribunal de justicia transicional: la tercerización de contratos por un valor superior a los 20.000 millones de pesos.
“La JEP tercerizó la contratación de los inmuebles de sus sedes territoriales a través de, por lo menos, cuatro convenios de cooperación internacional con el PNUD (ONU) y Fupad (OEA) por $ 21.668 millones”, informó Posada.
Con esta figura, la JEP “no se vio obligada a publicar en el Secop cada contrato de arrendamiento, dado que la contratación la realizaron los organismos internacionales bajo sus propias reglas”.
A su juicio, “nadie sabe qué precio pagaron, por qué escogieron cada edificio ni cómo se realizó la contratación. De nuevo, estos convenios implicarían una presunta violación a la ley, dado que la figura no se puede usar para eludir las reglas de contratación y ejecutar recursos del presupuesto de la JEP. La JEP habla de transparencia, pero se dedicaron a tercerizar su contratación mediante convenios internacionales”.
Posada soportó sus nuevas denuncias contra la JEP con varios ducumentos que expuso en sus redes sociales.
Recientemente, Posada también se preguntó: “¿Se acuerdan que hace dos días la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis (…)”, escribió textualmente en su cuenta oficial de X.
Según Posada, entre 2018 y 2026, la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que nos han costado a los colombianos $ 182.120 millones”.
“La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP”, agregó.
Además, afirmó: “Para suavizar las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $ 132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes”.
La JEP, a juicio de María Clara Posada, “debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su megacontratista favorito”.
El pasado 29 de septiembre, la congresista del Centro Democrático también reveló otros hallazgos en el tribunal de justicia transicional.
“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para”, dijo Posada.
Y denunció que, además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $ 160.005 millones entre 2017 y 2026, incluidos los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, “en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $ 10.730 millones entre 2024 y 2026″.
También informó que “recordemos que la Agencia Virgilio Barco justificó la elección de Torre Squadra en 2017 porque la JEP debía funcionar en una sola sede, razón por la que descartaron otras opciones más baratas que incluían varios edificios. Pero, en últimas, eso terminó pasando”.
Igualmente, Posada puso al descubierto la audiencia de Rodrigo Londoño en la JEP donde negó varios hechos, entre ellos, el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.