El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que este viernes, 9 de octubre, se firmará el decreto que reglamentará la protesta social en Colombia y que el presidente Abelardo De La Espriella lo firmará porque “en este gobierno lo que se dice se hace”.
El jefe de la cartera política aseguró que el documento definirá concretamente qué es la protesta violenta y que el diálogo será la regla general.
Además, quedarán claras las causales en las que el diálogo llegará a su fin y se fijarán cinco niveles de reacción de la Fuerza Pública.
“Dos reglas que no se negocian: prima y se protege la protesta pacífica. Nacen los corredores solidarios: nunca más bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio”, dijo Lara.
Agregó: “Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos. Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”.
Por esa razón, el representante a la Cámara, Julio César Triana, respaldó plenamente al Gobierno de Abelardo De La Espriella y aseguró que este decreto es necesario en el país.
“Colombia necesita reglas claras que protejan el derecho a la protesta pacífica, sin dejar desprotegidos a quienes quieren trabajar, movilizarse y desarrollar sus actividades con normalidad. Garantizar un derecho nunca puede significar desconocer los derechos de los demás ni permitir que las ciudades queden paralizadas”, dijo Triana.
El congresista de Cambio Radical dijo que la oposición no puede oponerse al decreto porque no está en juego, según él, el derecho a la protesta, sino la garantía de que no habrá violencia.
“Este decreto fortalece las herramientas de las autoridades para preservar el orden público y actuar oportunamente frente a quienes se infiltran en las manifestaciones para cometer delitos. Al mismo tiempo, mantiene el diálogo como prioridad y establece medidas como los corredores humanitarios para proteger la vida, atender emergencias y evitar que los bloqueos impidan por completo la movilidad de los ciudadanos”, reiteró.
Triana dijo que la protesta pacífica es un derecho que se debe proteger, pero no puede convertirse en un escudo para la violencia ni en una autorización para vulnerar los derechos de los demás. “El Estado debe garantizar el diálogo, proteger a quienes se manifiestan y tener la capacidad de actuar frente al delito”.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha explicado en diferentes escenarios que no será tolerante con la violencia y que las protestas serán respetadas, siempre y cuando no se acuda a vías de hecho.