Desde 2024, cuando la Nueva EPS quedó en manos del Gobierno tras ser intervenida por la Superintendencia de Salud, se ha registrado un aumento significativo de traslados y remisiones de pacientes, especialmente para exámenes PET-CT, relacionados con tratamientos oncológicos, a la reconocida Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec) en Ibagué.
La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, recopiló los datos que le generan esta alerta. “Estamos hablando de pacientes oncológicos y pacientes con enfermedades de alta complejidad. Personas que dependen de diagnósticos oportunos para definir su tratamiento y, en muchos casos, su supervivencia”, aseguró.
Según los reportes, en 2023 Clinaltec recibió 176 pacientes afiliados de la Nueva EPS, mientras que en 2024 la cifra incrementó a 723, lo que representó un aumento del 311 por ciento.
En 2025 se registraron 1.846 pacientes remitidos de distintas partes del país, lo que constata un aumento del 155 por ciento con respecto al año anterior. Y solo en enero de 2026 hubo 221 remisiones. En total, durante esos años, se registraron 2.712 pacientes trasladados desde otras partes del país.
Miranda cuestiona que se estén presentando estos traslados a esa clínica en Ibagué, en donde fue alcalde el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, además de gobernador del Tolima, y donde se sabe que mantiene su caudal político.
Una de las principales críticas que hace la congresista es que no se entiende el porqué de los traslados cuando el resto de ciudades del país desde donde están siendo remitidos tienen centros médicos que cuentan con la capacidad de realizar este examen, o por qué no son traslados a municipios más cercanos.
Por ejemplo, a pesar de que en Norte de Santander hay una clínica que tiene esa oferta, se registraron 180 remisiones en ese periodo. Muchos de esos pacientes, la mayoría con cáncer, tuvieron que costear sus viáticos de su propio bolsillo e incluso trasladarse primero a Bogotá para luego llegar a Ibagué, o hacer el viaje por carretera durante más de 13 horas.
De las 2.712 remisiones, solo 617 tuvieron apoyo en traslados y viáticos para esos exámenes, mientras que a los demás les tocó asumir esos costos. En total se reportan 3.374 autorizaciones entre 2023 y 2026.
En el caso de Quindío, hubo 243 autorizaciones para remitir pacientes a esa clínica en Tolima y desde el Valle del Cauca se reportaron 61 autorizaciones, a pesar de que estos departamentos cuentan con centros médicos que prestan este servicio.
Eso se replica en varios departamentos como Antioquia, Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Casanare, Boyacá, Meta, Putumayo, Santander, Arauca, Chocó y hasta Bogotá.
“Un esquema donde una IPS multiplica por nueve sus remisiones en apenas dos años, sin lugar a dudas, es motivo de alerta”, aseguró Miranda.
SEMANA contactó al ministro Jaramillo tanto personalmente como por medio de su equipo de prensa, al interventor de la Nueva EPS, Óscar Galves, al centro médico y a la Nueva EPS para saber su respuesta frente a estos traslados, pero aún no ha habido un pronunciamiento.
Miranda alerta de que esta situación se da en medio de la polémica que se generó por las declaraciones de Jaramillo, en las que dijo que Petro le habría ordenado estatizar la Nueva EPS y la idea de remitir pacientes de otras EPS del país, por lo que se pregunta cuántos de esos pacientes serán de alto costo y si no se estaría vulnerando el derecho a elegir que tienen los ciudadanos.