La costosa burocracia del Ministerio de la Igualdad que el Gobierno espera aprobar hoy en el Congreso

La creación del Ministerio de la Igualdad vuelve a medirse en el Congreso de la República, donde este miércoles fueron citadas las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes para discutir el proyecto que pretende dejar en firme esa cartera.

El Gobierno de Gustavo Petro ya había creado esa cartera desde 2022, cuando para entonces fue la misma vicepresidenta Francia Márquez quien ocupó el rol de primera ministra de la Igualdad. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la formalización de ese despacho por vicios de trámite, lo que obligó a la administración Petro a volver a tramitar ese asunto.

La iniciativa será discutida por los mismos congresistas que en el pasado avalaron su implementación. No obstante, el panorama político ahora es diferente: el Gobierno ya cuenta los meses para su salida y el Estado pasa por una crisis presupuestal.

“Este es el momento más inoportuno para crear más burocracia y más ministerios dentro del Gobierno nacional. Precisamente, con corte a septiembre de este año el déficit fiscal se ha situado en -5,4 por ciento del PIB (...) No podemos aumentar el funcionamiento del Estado creando otros ministerios en estos momentos difíciles del país”, sostuvo la representante Piedad Correal.

El Ministerio de la Igualdad exige una amplia burocracia del Estado. Este cuenta con cinco viceministerios, diez oficinas asesoras y despachos territoriales desplegados por todo el país que le costarían al Estado 3,5 billones de pesos entre 2026 y 2028.

“Hay una serie de actividades incluidas en el funcionamiento de ese ministerio para promocionar la ‘igualdad’, en donde se gastan en cada evento miles de millones de pesos, que no tienen un verdadero control y que tampoco tiene un impacto real en disminuir la meta de la igualdad”, cuestionó el senador Carlos Fernando Motoa.

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defiende que el Ministerio debe mantenerse porque este tiene la responsabilidad de implementar 24 políticas públicas para 14 sectores de la sociedad, dado que ese despacho fue diseñado para concentrar la política social del Estado.

La senadora Paloma Valencia, quien radicó una ponencia de archivo al proyecto que crea esa cartera, aseguró que “el Ministerio de la Igualdad no ha servido para nada. La mayor función del Estado es trabajar por la población pobre del país y para eso no se necesita una burocracia gorda, sino inversión social”.

Una de las mayores críticas a la cartera tiene que ver con el bajo porcentaje de ejecución presupuestal que se ubicó cerca del 1 por ciento en 2024 y en alrededor de 0,3 por ciento en 2023. Además, la senadora Valencia cuestiona que los recursos de la cartera se han estado gestionando mediante una fiducia y advierte que ese despacho tiene “una doble nómina”.