La protección del Estado no ha sido suficiente para evitar que decenas de personas bajo esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminen siendo víctimas de la violencia.
Un consolidado de cifras oficiales muestra la dimensión del problema durante el gobierno de Gustavo Petro, en momentos en que nuevamente está bajo la lupa el funcionamiento de la entidad.
Entre agosto de 2022 y junio de 2026 se contabilizaron 313 incidentes de seguridad contra personas que tenían medidas de protección de la UNP. De ese total, 276 correspondieron a atentados. Los registros también dan cuenta de 37 homicidios de personas que estaban bajo protección durante ese periodo.
La situación volvió a cobrar especial relevancia a raíz del caso de Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato en 2025 puso nuevamente la mirada sobre los protocolos de protección y las responsabilidades de las autoridades encargadas de prevenir ataques contra personas amenazadas.
Incluso, la Corte Constitucional ordenó recientemente a la UNP realizar una rueda de prensa nacional para ofrecer disculpas públicas a la familia del dirigente político.
Los departamentos donde se concentra buena parte de los homicidios reflejan, además, los escenarios de mayor presión armada. Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca registraron cinco asesinatos cada uno. Después aparecen Nariño y Arauca, con cuatro casos por departamento.
En conjunto, estas cinco regiones reúnen el 64 por ciento de los homicidios de personas protegidas durante el periodo analizado.
Cauca también encabeza el listado de atentados, con 48 casos, equivalente al 17 por ciento del total. Nariño registró 33; Valle del Cauca, 26; Norte de Santander, 25, mientras que Antioquia y Arauca tuvieron 18 cada uno. Son territorios marcados por la presencia de estructuras armadas, disputas por el control territorial y economías ilegales.
Entre las poblaciones más golpeadas aparecen defensores de derechos humanos, representantes de víctimas y líderes de organizaciones sociales, comunales y campesinas, con diez asesinatos y 69 atentados.
También se registraron ataques contra representantes de comunidades étnicas, víctimas de violaciones de derechos humanos, servidores públicos, firmantes del acuerdo de paz y personas en proceso de reincorporación.