Denuncia
Millonario arreglo para los cercanos a Daniel Rojas en la SAE: los despidieron con millonarias indemnizaciones y luego los contrataron en el sector Educación
Daniel Rojas, ministro de Educación, habría usado sus últimos momentos como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para llegar a acuerdos con sus más cercanos funcionarios, con el fin de indemnizarlos. Luego fueron contratados en el sector que ahora lidera.

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación y exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. Pese a que tienen el mismo discurso de respeto por los recursos públicos, Rojas habría hecho una jugada que terminó beneficiando a fichas cercanas con millonarias indemnizaciones.
SEMANA conoció un documento en el que la SAE reporta los pagos por concepto de “indemnización por despido sin justa causa”, los cuales suman 405.737.908 pesos en la vigencia 2024. Esto corresponde a 17 indemnizaciones de funcionarios, los cuales son identificados con nombre propio por la entidad. La SAE está regida por el derecho privado, lo que significa que ellos tenían contratos a término indefinido.
Este medio revisó cada uno de los perfiles y encontró entre ellos a diez funcionarios que, luego de haber sido “despedidos” de la entidad, terminaron aterrizando en el sector de Educación, que ahora también es liderado por Rojas.
En la SAE, según el documento oficial, despidieron a los funcionarios Santiago Castaño Salas, Eric Daniel Salazar Alvarado, Alexánder Méndez Cortés, Juan Carlos Bolívar Sandoval, Sebastián Rivera Ariza, Jenny Constanza Rojas Hincapié, Jennifer Daniela Callejas Núñez, John Alexánder Hernández Mejía, Liliana Castro Sánchez y Sebastián Caballero.
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Igual ocurrió con Iván Camilo Cepeda Beltrán, amigo del ministro, con quien recientemente viajó a España, y recibió 12.428.277 pesos por indemnización. En su caso, no hay prueba de que luego haya sido contratado en el sector Educación.
En total, las 10 indemnizaciones le costaron a la entidad 214.441.818 pesos, pero luego del despido no tardaron en aterrizar nuevamente bajo el liderazgo de Rojas, ahora en el Ministerio de Educación y entidades adscritas.
La ficha más cercana, y la que recibió la indemnización más jugosa de todas, es Sebastián Caballero Ortega, quien recibió más de 40 millones de pesos por haber salido de la entidad. Es amigo de Rojas desde los inicios de su activismo político en la izquierda, que incluso ha salido en fotos junto a Moisés Ninco Daza, polémico exembajador de Colombia en México.
Caballero ha sido un militante activo de la Colombia Humana, incluso poniendo su nombre a consideración para ser elegido secretario general de la colectividad. Luego de ocupar el cargo de vicepresidente de Sociedades en la SAE, ganándose cerca de 30 millones de pesos mensuales, pasó a ser el gerente del poderoso Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, un patrimonio autónomo que no tiene la obligación de hacer pública su contratación. También ha sido acompañante de Rojas en viajes internacionales, debido a su larga amistad.

Por otro lado, Sebastián Rivera Ariza era el vicepresidente Operativo de la SAE, con un salario similar al de Caballero. Este funcionario se convirtió en el director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que maneja buena parte del presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que en cada región del país contrata miles de millones de pesos.
Bajo la sombrilla de Rivera Ariza fueron contratados otros indemnizados por la SAE. Jennifer Daniela Callejas Núñez, profesional especializada, recibió, al irse, más de 19 millones de pesos, y poco después fue contratada en el mismo rango en la Unidad de Alimentación Escolar.
Ese también fue el caso de John Alexánder Hernández Mejía, quien fue indemnizado con 10.074.324 pesos. No pasó un mes para que fuera contratado como asesor de planeación en el mismo sector de Rojas. Caso similar es el de Liliana Castro Sánchez, profesional especializada, que se fue con cerca de 10 millones de pesos de la SAE, y fue contratada como asesora en la Unidad de Alimentación Escolar.
Lo mismo pasó con Jenny Constanza Rojas Hincapié, quien salió con 6.024.757 pesos, pero entró como técnico administrativo a la Unidad de Alimentación Escolar. Juan Carlos Bolívar Sandoval, quien fue director territorial de la SAE, salió “despedido” con 26.737.870 pesos. Luego, en noviembre de 2024, se convirtió en asesor del ministro Rojas.

Por otro lado, Alexánder Méndez Cortés, quien ejercía como jefe de prensa y comunicación de la SAE, salió con una indemnización de 25.090.401 pesos, pero aterrizó como asesor del despacho del viceministro de Educación.
Santiago Castaño Salas, quien era gerente comercial de la SAE, salió con 23.654.492 pesos y luego fue contratado como asesor del despacho del ministro Rojas, según su hoja de vida publicada el 8 de agosto del año pasado. En ese momento, Rojas era ministro y, al mismo tiempo, presidente encargado de la SAE.
Eric Daniel Salazar Alvarado, quien también posa en Madrid con el ministro, fue retirado de la SAE, con indemnización de 14.553.007 pesos, para luego ser enganchado como contratista para el despacho de Daniel Rojas.
El presidente Gustavo Petro anunció la llegada de Rojas Medellín al Ministerio de Educación en julio de 2024. Pese a que se posesionó en ese mismo mes, quedó como presidente encargado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hasta el mes de noviembre de 2024. En este periodo se dieron varias de las salidas de los funcionarios que luego saltaron al Ministerio de Educación, cartera que ya se encontraba bajo sus órdenes.

De igual manera, se desconoce por qué estos funcionarios simplemente no renunciaron a sus cargos, dado que se retiraron ad portas de ser contratados en otra entidad. Si hubieran renunciado, el Estado se habría ahorrado dichas indemnizaciones.
SEMANA consultó al ministro Daniel Rojas, quien negó haber inducido a la renuncia a algunos de los funcionarios. “Nunca induje a ningún trabajador o trabajadora a renunciar a su empleo ni a sus derechos laborales”, manifestó, algo que en su concepto sería “acoso laboral”.
Además, aclaró que los funcionarios, al no sentirse “identificados con el cambio de administración”, decidieron no seguir en la SAE. En ese momento, en vez de renunciar, llegaron a un acuerdo con la gerencia, que antes del nombramiento de Amelia Pérez como presidenta seguía en cabeza de Rojas.
“Firmaron voluntariamente un acuerdo de transacción, figura válida y legalmente utilizada en el derecho privado. Esta figura se emplea cuando se da por finalizado un contrato de trabajo por mutuo acuerdo y blinda jurídicamente al empleador ante eventuales litigios”, agregó, asegurando que los topes de indemnización no fueron rebasados.
Sobre el aterrizaje de estas personas en el Ministerio de Educación inmediatamente después, respondió: “Traje gente que me parece buena trabajadora, incluso que viene del Gobierno pasado”.
SEMANA intentó comunicarse con la SAE, con el fin de conocer la causa por la que los funcionarios fueron despedidos e indemnizados, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta. El Gobierno del presidente Gustavo Petro debe enfrentar nuevamente señalamientos de posibles beneficios a personas cercanas al petrismo, con duros cuestionamientos de corte ético.