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Presidente Gustavo Petro
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está impulsando una reforma a la salud que aún no se ha presentado pero genera dudas en el sector. - Foto: Presidencia

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Millones de vidas se pudieron haber salvado: presidente Petro sobre deudas de las EPS con hospitales y clínicas

El mandatario advirtió que alrededor de 33 billones de pesos pudieron servir para mejorar la atención de los pacientes.

El debate de control político al que asistieron la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, dejó varios elementos nuevos en la discusión pública que se está adelantando sobre el diseño del sistema de salud.

Uno de los datos más fuertes fue el que lanzó el superintendente Beltrán, pues advirtió que las EPS que han sido liquidadas o están en proceso de liquidación dejaron una deuda por más de 33 billones de pesos con los hospitales públicos y las IPS con los que contrataban servicios de salud.

“La deuda que hoy están teniendo las EPS que cursan en liquidación con los prestadores es de 5,4 billones de pesos, pero la deuda que dejaron las EPS cuyos procesos liquidatorios ya finalizaron es de 27,6 billones de pesos. Es decir, entre EPS en liquidación y EPS liquidadas deben 33 billones de pesos. Son 33 billones de pesos que le faltan a hospitales públicos y clínicas privadas”, advirtió Beltrán durante su intervención en la plenaria del Senado.

La cifra despertó la preocupación inmediata del presidente Gustavo Petro, quien madrugó a pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Estos 33 billones que dejaron de deuda las EPS que se liquidaron en el pasado a los hospitales públicos y privados se traduce en pobreza del personal de salud, en menos servicios de calidad para la ciudadanía”, indicó el primer mandatario. “Se traduce en millones de muertos que pudieron ser salvados”, agregó.

Mientras tanto, el superintendente Beltrán, también hizo énfasis en la protección que les dará este Gobierno a los hospitales públicos.

Y explicó porqué decidieron no liquidar estas entidades, una orden que viene desde el Gobierno nacional. “No podemos quitarle su hospital a la población, por eso no podemos permitir que las entidades que prestan un servicio de salud y garantizan la vida de las personas sean liquidadas”, concluyó Beltrán.

Les pusieron la lupa a los liquidadores

La nueva administración de la Supersalud también les ha puesto el ojo encima a algunos agentes liquidadores, que son los encargados de realizar el inventario y tratar de pagar las deudas que les quedan a las EPS que ya fueron liquidadas.

Como se recuerda, cuando la Superintendencia ordena alguna medida especial sobre una EPS o IPS, designa un agente especial, interventor o liquidador ―según sea el caso― y nombra adicionalmente una firma contralora que haga el seguimiento a esa medida administrativa”, indicó la Superintendencia de Salud.

La hipótesis del ente de vigilancia en salud apunta a que la gestión de algunos agentes liquidadores no es la mejor, pese a que reciben un encargo clave para el sistema de salud: las deudas que quedan vivas pueden arrastrar a los hospitales públicos y las clínicas privadas a la ruina y, con ello, podrían generar afectaciones en la prestación de los servicios de salud a los pacientes.

“Estamos haciendo un llamado de advertencia a los liquidadores que están al frente de esas entidades para que revisen la responsabilidad que les cabía a aquellos que provocaron el colapso de la entidad de salud y actúen en consecuencia para establecer los alcances penales, administrativos, fiscales y disciplinarios de sus antecesores”, advirtió la Superintendencia de Salud a través de un comunicado público.

Se calcula que en la actualidad hay cerca de 50 agentes liquidadores designados por la Superintendencia de Salud para zanjar deudas y hacer que el proceso de la liquidación de las EPS no sea tan traumático para el sistema de salud.

Desde septiembre pasado, la nueva administración de la Supersalud les ordenó que, antes de convertirse en agentes liquidadores, muestren cuál es su situación financiera en la actualidad con el fin de garantizar que no haya conflictos de interés.