El Pacto Histórico enfrenta una nueva encrucijada política y jurídica tras el escándalo de la representante a la Cámara por Antioquia, Verónica Estrada, cada vez más arrinconada y sin argumentos para defenderse luego de que la Universidad Nacional confirmara que su título profesional es falso.
A medida que pasan las horas, el país conoce que el cartón de bachillerato que Estrada anexó a su hoja de vida, al parecer, también sería falsificado. Igual, un certificado laboral y otros documentos.

Mientras el ruido contra Estrada crece como espuma, al interior del Pacto Histórico han surgido varias tesis jurídicas para examinar el paso a seguir y quitarse el desgaste político que asume la colectividad porque avaló su aspiración a la Cámara tras obtener más de 7.000 votos en la consulta interna de la izquierda en octubre de 2025.
De un lado, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, fue prudente y le lanzó la pelota al Comité de Ética del Pacto Histórico, una salida salomónica porque lo más posible es que, tras analizar las pruebas en su contra, se fije una postura radical contra la antioqueña.
Por el otro, hay otros sectores de la izquierda que tienen claro que Verónica Estrada debe renunciar a su curul de representante a la Cámara para evitar una eventual decisión judicial en su contra y que se aplique la Ley de la Silla Vacía y, en ese orden de ideas, el Pacto Histórico pierda la curul y no se pueda reemplazar.
El abogado de la Universidad Nacional, Víctor Guillén, cercano a la izquierda, plasmó su posición jurídica a través de su cuenta de X.
“Sobre el tema de Verónica Estrada, es importante tener en cuenta que, si se llega a comprobar algún delito contra la administración pública, se podría aplicar la institución de la ‘Silla Vacía’ y el Pacto Histórico no podría ocupar la curul con la siguiente en la lista”, explicó.

Y agregó en otro mensaje: “No podemos permitir que nos lleven a esa situación. Verónica Estrada debe renunciar para evitar la pérdida de investidura y enfrente solo los cargos por falsificación”.
Juristas consultados por SEMANA, quienes pidieron reserva de su identidad, explicaron que la situación de Estrada se agrava porque suscribió, en su momento, un contrato con la Dian, en el gobierno de Gustavo Petro, es decir, utilizó su título profesional falso para suscribir dicho contrato con el Ejecutivo.
Por eso, a medida que pasan las horas, varias voces del petrismo le piden públicamente a Estrada que dimita de su curul.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, escribió en sus redes sociales: “Las acusaciones sobre la representante Verónica Estrada son de enorme gravedad, como cualquier persona, tiene derecho a un proceso justo, pero por el cuidado del Pacto Histórico y su bancada, la representante debe dar un paso al costado, las faltas individuales deben ser duramente castigadas por el partido, antes incluso de los fallos judiciales, la responsabilidad política es mayor que la penal, por el cuidado del colectivo, el comité de ética del Pacto debe investigar y actuar de inmediato”.

De otro lado, el senador Agmeth Escaf dijo que, “con mucho dolor”, le hacía una petición a su compañera de bancada: “Debes renunciar a tu curul. No es fácil salir a decir esto públicamente, pero ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto. También le pido a la ciudadanía que mida a todos con la misma vara. Omar Bula, Paola Holguín, Ana María Vesga y Jaime Vives también nos deben explicaciones sobre sus títulos académicos. Todo aquel que mienta sobre su hoja de vida académica y su experiencia laboral debe enfrentar consecuencias”.
Hasta la tarde de este jueves, 19 de noviembre, Verónica Estrada no decide si dimitiría a su curul porque espera el pronunciamiento del Comité de Ética, pero no se descarta que renuncie en las próximas horas.
Si sale del Congreso, la investigará la Fiscalía General de la Nación. Y si se mantiene, quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.
