El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, confirmó las denuncias expuestas por SEMANA sobre la “finca de recreo” en la que se habría convertido la zona de ubicación temporal que el gobierno Petro autorizó para los integrantes de los Comandos de Frontera en Putumayo.
El alto funcionario relató que el 15 de octubre pasado el operador del espacio radicó un informe sobre las posibles irregularidades que tuvieron lugar: “El documento informa que en la noche del 14 de octubre se consumió licor dentro de la zona”, y que la escena viene ocurriendo constantemente.
No solo eso. El operador reveló que se presentó una riña, el aparente consumo de sustancias ilícitas y la presencia de menores de edad, como pasó el 10 de octubre y pese a la advertencia, siete días antes, de que no podían estar en ese lugar.
$13.000 millones para la zona
Carlos Ríos contó que el Estado colombiano ha destinado 13.000 millones de pesos para el funcionamiento de la zona de ubicación temporal, y que hoy no se ha legalizado un solo peso del gasto, tal como le fue reportado a la Contraloría General de la República.
Él se quejó que hubo una adición por 1.127 millones de pesos una semana antes de que se materializara el cambio de gobierno.
“El contrato, inicialmente, se justificó para 200 personas, pero solo han ingresado 99. Hoy quedan solo 50. La alimentación se presupuestó para 115 personas, hoy más de la mitad de los cupos que se pagan están, lamentablemente, vacíos”, dijo el alto funcionario.
Solo en septiembre, según su denuncia, cerca de 460 millones de pesos se gastaron en ese mes: “Más de 8 millones de pesos por persona. Los recursos del Estado son finitos y los relativos a la ZUT ya se gastaron”.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional tomó la decisión de no financiar ni prorrogar iniciativas que fomenten el aparente uso inadecuado del erario, “y reafirma su compromiso con el Estado de derecho, recordando que los ciudadanos que deseen hacer su tránsito a la legalidad cuentan con los espacios institucionales idóneos en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”.