Una serie de fuertes cuestionamientos y observaciones hizo el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en sus casi diez años de existencia.
Para el jefe de la cartera política, la forma en que se diseñó y firmó el Acuerdo de Paz tras las negociaciones en La Habana (Cuba) llevó a que en la actualidad existan varias disidencias que están en una guerra a muerte por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico.
Además, el proyecto de Paz Total impulsado en el gobierno de Gustavo Petro llevó a que se dificultaran las acciones de la Fuerza Pública contra estos grupos armados ilegales.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, advirtió ante la JEP que la paz total del gobierno de Gustavo Petro afectó la implementación del Acuerdo de Paz. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/imwFVfnyrf
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“En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del Acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos ha llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”, indicó el ministro ante los presidentes de las Salas de la JEP.
Por estas amenazas, muchos comparecientes ante esta justicia transicional han visto truncada su posibilidad de recibir justicia y reparación por parte de sus victimarios.
“Lo cierto es que esa situación es la principal amenaza a la seguridad de los desmovilizados de las FARC. Y repito, nuestro compromiso como gobierno y como ministerio es proporcionar como la Constitución lo ordena, la seguridad y la protección de su vida e integridad. Hoy no hay paramilitares ni fuerzas violentas que se presenten como contrainsurgentes y que quieran justificar su existencia con asesinatos de desmovilizados”, explicó.
“Los asesinos son los que son, principalmente aparatos criminales que se disputan el narcotráfico y las rentas del oro ilegal que quieren el control del territorio. En muchos casos son las mismas disidencias de la FARC los que asesinan a sus antiguos camaradas, los Mordiscos, los Calarcas, matando para controlar zonas de injerencia histórica de las antiguas FARC o claves para el tráfico de drogas. Esa es la realidad pura y dura”, añadió.
El magistrado Gustavo Salazar cuestionó la intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez: “Acá no estamos para juzgar a la JEP”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GpFqziJzqg
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A este complejo panorama, se suma el fortalecimiento de estructuras como el ELN en varios departamentos, cometiendo atentados contra la población civil y agentes de la Fuerza Pública.
“Así nos guste, esa es la dura realidad que padecemos. La confrontación entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias en Catatumbo, las masacres en el Guaviare y la violencia en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño son eso. Ante ese escenario, el presidente De La Espriella ya ha retomado el liderazgo civil de la seguridad”, indicó.
Por esto, le hizo un llamado a la JEP para que cumpla sus mandatos constitucionales y legales y emita las respectivas sentencias para que los comparecientes se sientan seguros.
“La mejor política de protección de los comparecientes ante la JEP, testigos y víctimas no es multiplicar indefinidamente los carros blindados, los hombres y mujeres de seguridad, los chalecos y los botones de pánico. Mientras no se consiga derrotar las amenazas y disminuirlas drásticamente, no hay carros ni chalecos que alcancen”, reseñó.
“La apuesta es otra, proporcionar las medidas de protección en el marco estricto definido por la Corte Constitucional, de tal forma que el Estado cumpla con el deber de garantía que le corresponde, pero no es suficiente. Se requiere una política de seguridad fuerte, firme, contundente, sin complacencia con los criminales ni con los discursos justificadores del crimen. Una política de mano dura para perseguir y desmantelar esos aparatos terroristas, pero dura también para exigir el respeto absoluto a las libertades civiles y los derechos humanos que son su fuente de legitimidad”, complementó el jefe de la cartera política.