El pasado 5 de noviembre de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que permitiría a ciudadanos de la capital tomar fotografías y videos a través de sus celulares para identificar infracciones de tránsito, entre ellas el mal parqueo de vehículos.
La iniciativa, que ha sido liderada por el concejal Juan David Quintero, busca mitigar los problemas de seguridad vial que se presentan en la capital y garantizar castigos concretos a conductores que efectúen acciones indebidas.
“Celebramos la aprobación de este acuerdo porque es un gran paso en la lucha contra los mal parqueados al entregarles herramientas concretas a los ciudadanos que sufren este flagelo en toda la ciudad”, comentó el concejal Juan David Quintero.
Tras el anuncio, distintos sectores han compartido su opinión al respecto, entre ellos la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax).
En palabras del presidente del gremio, Hugo Ospina, la más reciente aprobación en el Concejo de Bogotá no debería convertir a los dispositivos móviles de los ciudadanos en cámaras de fotomultas, ya que afirma que se desconoce los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
“La Ley 1843 de 2017, la Ley 2161 de 2021, las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte Constitucional, así como la Circular de 2024 y la Resolución de 2026 del Ministerio de Transporte, establecen límites y garantías que ninguna autoridad distrital puede desconocer”, afirmó.
El líder del gremio de taxistas comenta que una denuncia ciudadana a través de un celular no es una fotomulta, argumentando que la validación posterior de una fotografía por un agente de tránsito no se encarga de reemplazar los requisitos legales exigibles a los sistemas de fotodetección ni autoriza sanciones automáticas contra los infractores.
Tras el anuncio emitido el pasado 5 de noviembre, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi informó que presentará un derecho de petición ante el Concejo de Bogotá, así como ante las autoridades nacionales y distritales, con el motivo de exigir una revisión jurídica integral del proyecto.
“Solicitamos al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, examinar la procedencia de objetar el proyecto por inconstitucionalidad o ilegalidad, y advertimos que, de aprobarse disposiciones contrarias a la ley, estudiaremos las acciones judiciales correspondientes, incluida la demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional. La seguridad vial no puede ser excusa para violar la constitución, desconocer el debido proceso ni imponer multas sin respetar la ley”, comentó Ospina.