Los representantes a la Cámara Daniel Briceño, Mauricio Toro y Cathy Juvinao, y la senadora María Lucía Villalba radicaron el proyecto de ley “Por allá sí voy”, una iniciativa que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi, así como modernizar el servicio público de taxi.

La propuesta de los funcionarios es brindar ventajas a los conductores que prestan servicios de transporte en el país. En el caso de los taxistas, la estrategia contempla los siguientes aspectos:
- Desmontar el sistema de cupos.
- Permitir que los taxistas que usan plataformas puedan aplicar tarifas dinámicas.
- Eliminar los trámites innecesarios para los taxistas.
- Modernizar las reglas para la prestación del servicio.
“Aquí lo que estamos buscando es nivelar la cancha; a los que trabajan en las plataformas no los deben tratar como delincuentes. Pero, además, que los taxistas, que han tenido que padecer durante muchos años muchos trámites y cargas, también puedan ser aliviados”, comentó Daniel Briceño.
No obstante, el anuncio del pasado 13 de octubre no fue visto con buenos ojos por parte de varios miembros del gremio de taxistas.
En diálogo con SEMANA, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina, cuestionó algunas de las medidas que son mostradas como ventajas.
“Esos son beneficios disfrazados, porque ahí no hay ningún beneficio. Primero, que me digan que van a acabar con el cupo. Los cupos en Colombia no existen. Existen derechos de reposición. ¿Y para qué existe el derecho de reposición? Para evitar la sobreoferta vehicular”, sostuvo.

El líder del gremio argumentó que traer alguna modificación permitiría el ingreso de más vehículos al mercado, aumentando la competencia para los taxistas que ofrecen sus servicios en el país.
Ospina también cuestionó que los conductores de taxis tienen que cumplir con ciertas condiciones para incorporar sus carros, caso que no es similar para aquellos vehículos que pertenecen a una plataforma de movilidad.
“Si las aplicaciones las liberan para que ingresen a trabajar con motos y carros particulares, ¿cuántos van a ingresar? ¿Qué modelos? ¿Van a entrar carros usados, como lo están haciendo ahorita, o todos tienen que ser cero kilómetros, como nos tocó a nosotros? A nosotros, para entrar al mercado, nos tocó chatarrizar un taxi viejo, destruirlo, y la ley me obliga a que el carro que quiera poner debe ser cero kilómetros”, comentó.

El representante del gremio de taxistas argumentó que el transporte público y el transporte privado no comparten características ni obligaciones, afirmando que el proyecto radicado no tiene que desconocer las disposiciones constitucionales que regulan los servicios públicos.
“Exigimos que cualquier regulación preserve la contratación laboral de quienes prestan el servicio público, mantenga responsabilidades claras y exigibles para plataformas, operadores y empresas, y sea coherente con el fortalecimiento del transporte público y la movilidad sostenible”, concluyó.
