Presentan demanda contra convenio de producción de pasaportes con Portugal. Piden que se suspenda por varias irregularidades

Una demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca tumbar el convenio de pasaportes que firmó la Cancillería con la Imprenta Nacional y esta, a su vez, con Portugal para la producción de pasaportes en el país. Se trata de una novela que ha estado presente durante todo el Gobierno de Gustavo Petro y que no deja de generar ruido.

La demanda es en contra de la Cancillería, el Fondo Rotatorio del ministerio y la Imprenta Nacional. Uno de los reclamos del abogado Carlos Betancourth tiene que ver con la moralidad administrativa, pues el abogado considera que se habrían incumplido normas de la contratación pública en este convenio. “Se están saltando la moralidad administrativa porque, por medio de falsas motivaciones, están pretendiendo contratar como ellos quieren”, dijo.

Entre los argumentos del abogado está que se habrían suscrito dos convenios interadministrativos con el mismo objeto en un tiempo de ejecución paralelo sin un aval fiscal claro. Se trata del 006 de 2024, que irá hasta el 31 de diciembre de 2026, y el 007 de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2034.

Otra de las inconsistencias tendría que ver con el aval fiscal. Betancourth reclama que no se tendría certeza de cuánto va a costar el contrato de pasaportes con Portugal para los diez años que se firmó, pues aunque quedó consignado que se destinará un rubro de 1,3 billones de pesos anuales, que saldrán del Presupuesto General y que podrán variar, no es claro cuánto podría ajustarse ese rubro cada periodo en los diez años que se pactó con la imprenta europea, ese debate se dio en su momento cuando se anunció la firma del contrato con Portugal.

El problema de esto es que en la ejecución del contrato se podrían hacer adiciones presupuestales que lleven a que el país termine pagando más por este servicio. Hasta el momento, se calcula que se han invertido más de 600.000 millones de pesos desde julio a la fecha, cuando fue suscrito el acuerdo.

Con respecto a la moralidad pública, el abogado considera que al hacer el convenio directamente entre la Imprenta y Portugal, ese principio se incumplió, pues dice que debió haberse abierto una licitación pública para que las empresas interesadas de distintos países hubieran podido competir, por lo que se imposibilitó que participaran más oferentes.

Adicional a eso, en la demanda se menciona que la Imprenta de Portugal también tendría unos requerimientos para operar en países que no sean ese, pues aunque se trata de una entidad estatal, funcionaría bajo normas del derecho privado, por lo que tendrían algunos requerimientos que se estarían saltando en el convenio firmado con Colombia.

Según la norma europea, cuando se ejecuta un contrato se debe advertir si con esa contratación se puede presentar un detrimento de las normas del país donde se acordó. “La norma les dice: puede contratar donde quiera, pero fíjese que no vaya a estar saltándose las normas del país donde lo hará”, aseguró Betancourth.

Otro argumento del abogado serían los sobrecostos que pueda generar el convenio, pues al no ser claro el dinero que se gastaría en total para este propósito, se estarían generando sobrecostos para el país.

Una preocupación adicional es que los convenios interadministrativos que se han firmado tienen cláusulas que contemplan las prórrogas automáticas, lo que podría generar más dudas en el futuro por el costo de ese proyecto, que se estableció a diez años, y las adiciones que se puedan hacer durante ese tiempo, por lo que no es claro cuánto se gastará.

“Es un monopolio en manos del Estado porque quien está contratando allí es el sector público y ese dinero se va yendo año tras año sin que importe el monto, sino solamente pensando en mantener el servicio”, afirmó el abogado.

Junto a la demanda se radicó una solicitud de medida cautelar con la que se pide que se suspendan los convenios con Portugal, lo que podría generar un nuevo capítulo con el lío de los pasaportes en el país.