El presidente anunció que la próxima semana entregará condecoraciones a integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares que han participado en los recientes operativos contra estructuras criminales en diferentes regiones del país.
Anuncio al país que la próxima semana voy a condecorar a nuestros héroes de la Patria: los patriotas de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Militares que han participado en los últimos operativos en los que hemos dado de baja a peligrosos criminales y golpeado con contundencia…
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026
El reconocimiento estará dirigido a los uniformados que, de acuerdo con el Gobierno, han tenido un papel determinante en operaciones que han permitido neutralizar a integrantes de organizaciones consideradas de alta peligrosidad y afectar las capacidades de grupos dedicados al terrorismo y al narcotráfico.
El anuncio tiene un componente político: el mandatario busca enviar un mensaje de respaldo explícito a la Fuerza Pública en medio de una política de seguridad que ha puesto el combate contra las organizaciones criminales como una de sus principales prioridades.

“Colombia tiene una deuda de gratitud con estos patriotas”, aseguró al referirse a los policías y militares que participan en operaciones de alto riesgo. El mandatario destacó que estos uniformados enfrentan a los grupos armados en zonas apartadas y que lo hacen, según sus palabras, en defensa de la Constitución y la ley.
De La Espriella dejó claro que su Gobierno pretende mantener una relación de respaldo directo con policías y militares. Señaló que, mientras los uniformados estén dispuestos a arriesgar su vida por la seguridad del país, su administración estará comprometida con respaldarlos, protegerlos y reconocer su labor.

“Es momento de honrar a nuestros héroes como corresponde. Que cada policía y cada soldado sepa que su presidente, su Gobierno y millones de colombianos reconocemos su valor, su sacrificio y su amor por Colombia”, señaló.
El mensaje presidencial llega acompañado de una definición política sobre la seguridad. Para el Gobierno, la ofensiva contra el crimen organizado no solo debe medirse por los resultados operativos, sino también por el respaldo institucional que reciben quienes ejecutan esas acciones en el territorio.