Procuraduría investiga a exsecretario privado de Daniel Quintero por presuntamente apropiarse de bienes de la caja menor

La Procuraduría General de la Nación ordenó vincular al exsecretario privado del despacho de la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque García, al proceso disciplinario que se adelanta por el presunto manejo irregular del fondo fijo reembolsable del despacho del exalcalde de Medellín.

La entidad determinó que, al parecer, el exfuncionario, en su condición de secretario privado del despacho de la Alcaldía de Medellín se apropió indebidamente y en beneficio de terceros, de bienes destinados a satisfacer gastos necesarios, imprevistos y urgentes de la administración distrital de Medellín.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del fondo fijo reembolsable, una especie de caja menor creada para sufragar los gastos del alcalde en ejercicio de su rol.

El año pasado en Medellín se generó toda una polémica por un informe que reveló los gastos que patrocinó la caja menor del despacho del alcalde Daniel Quintero Calle entre el 12 de enero y el 27 de julio de 2023. Las facturas sumaron más de 185 millones de pesos.

El documento fue emitido por la Secretaría de Hacienda y el destinatario fue la Contraloría Distrital, que pidió los datos tras recibir quejas por el uso que se le estaba dando al fondo por parte de la Secretaría Privada.

Allí se registraron compras en supermercados, restaurantes, cigarrerías, carnicerías y tiendas de mascotas, justificados en gastos de “imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones” de la oficina del mandatario.

Llamó la atención de los internautas los mercados por 54 millones de pesos, producto de siete millones de pesos en un establecimiento dedicado a vender elementos de animales, un millón de pesos entregado a un negocio de bebidas alcohólicas y millonarios platos.

En su momento, la administración de Daniel Quintero respondió que no ha invertido un solo peso en licor y aclaró que en la tienda de mascotas hay una línea de carnicería, donde adquirió proteínas para las comidas que se preparan en la cocina de la Alcaldía, por eso las visitas a los supermercados.

Justamente, la caja menor se creó con el fin de costear las necesidades del despacho del mandatario de turno, clasificando los gastos indispensables en materia de transporte y alimentación, entre otros asuntos logísticos enmarcados en la función pública.

Desde 2010, el fondo está apalancado por 20 salarios mínimos y así ha sido su gasto en los más recientes cuatrienios: Alonso Salazar (1.199 millones de pesos), Aníbal Gaviria (824 millones de pesos), Federico Gutiérrez (1.073 millones de pesos) y Daniel Quintero (1.071 millones de pesos).

Para la época del inicio de la polémica, el entonces secretario privado de Medellín, Juan David Duque, defendió el manejo que le ha dado a la gestión: “Cada gasto del fondo fijo es auditado de forma estricta en esta administración, no sé en las otras. Y eso que los otros alcaldes se la pasaban de viaje y gastando viáticos”.

Imputan cargos a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle

Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín; Jorge Enrique Liévano Ospina, exdirector de Metroparques, y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, deberán responder en un proceso penal por presuntamente haber incurrido en delitos contra la administración pública.

Los hechos investigados tienen su origen en el traslado de cerca de cinco mil millones de pesos del presupuesto que tenía adjudicado el Jardín Botánico de Medellín a Metroparques para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Los hechos se presentaron entre los meses de febrero y noviembre de 2020.

Sin embargo, en la imputación anunciada por un fiscal seccional de Medellín, los recursos trasladados fueron utilizados, al parecer, para justificar un supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia.

Los documentos recolectados revelan que para la adjudicación del mencionado contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo SAS, Construgeo y Reforestadora El Libano SAS) para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal. Esto con el fin de darle una apariencia de legalidad a la figura del contrato interadministrativo, para entregar recursos públicos a particulares con fines distintos a la satisfacción del interés general. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados.

Por estos hechos de corrupción deberán responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.