Procuraduría pide revocar millonaria licitación del Gobierno Petro para La Guajira por indicios de posible corrupción

Una licitación del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse) corre peligro. SEMANA reveló que la Procuraduría General de la Nación le pidió respuestas a la entidad sobre varias posibles irregularidades en el proceso, incluso sugiriendo la suspensión del mismo para corregirlo.

Los cuestionamientos sobre el contrato, que tiene un precio estimado total de 52.661 millones de pesos, se centran en la falta de consulta previa, inconsistencias en diseño, cálculo de indicador de capital de trabajo y el puntaje entregado por experiencia en el sector.

Este medio conoció que el instituto, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, respondió a la Procuraduría. Las respuestas generaron tantas dudas que el Ministerio Público pidió revocar la licitación por indicios de posible corrupción.

En primer lugar, Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, expone que la experiencia es un requisito habilitante, no ponderable dentro de una licitación.

En contra de decisiones del Consejo de Estado al respecto, el pliego definitivo lo incluyó dentro del puntaje, por lo que esto podría ir en contra de la pluralidad de oferentes.

“En efecto, los principios rectores de la contratación pública le imponen a la administración el deber de establecer los requisitos habilitantes que objetivamente permitan garantizar el cumplimiento del contrato, sin que le sea permitido imponer requisitos o condiciones excesivas que impidan garantizar una debida pluralidad de oferentes; asimismo, le imponen el deber a la Administración de actuar con observancia a la Constitución y la ley bajo el principio de responsabilidad en materia de contratación estatal”, dice el documento.

Además, no lograron sustentar por qué se pidió el 60 % del costo de contrato como capital de trabajo necesario para las empresas, que es la inversión de recursos que hacen para empezar el proyecto.

“Para el Ministerio Público no se soporta válidamente en los documentos del proceso, la forma como la entidad estableció un requisito habilitante de orden financiero correspondiente a capital de trabajo en un porcentaje del sesenta por ciento (60%)”, indicó el procurador delegado en el documento.

Esto sacaría del concurso a varias empresas, dado que, según el pliego, deben tener más de 30.000 millones de pesos para iniciar.

Además, esto se sale de los parámetros del estudio del sector que hizo el Ipse al abrir la convocatoria.

“Lo anterior resulta incongruente para esta delegada, toda vez que como se indica en el análisis del sector elaborado por la entidad, este indicador estaría en el rango de los datos atípicos por estar por encima de VEINTICINCO MIL MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 25.364.000.000), es decir, superior al indicador dispuesto en el análisis elaborado”, indicó el Ministerio Público.

Por esta razón, que podría permitir que se amañe la licitación a un proponente que logre llegar a los estándares impuestos en el pliego definitivo, la Procuraduría pide que se revoque el proceso.

“En mérito de lo expuesto, este ente de control le recuerda, en virtud de la competencia contenida en el artículo 11 de la Resolución 480 de 2020, la posibilidad que tiene el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, en consideración además de jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, de revocar el acto de apertura, con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública”, se lee al final del documento.

En el momento, no existe posibilidad de que se ajusten las debilidades de la licitación, por lo que, para el Ministerio Público, la única salida es revocar el acto de apertura.