La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior designar un alcalde ad hoc en Pereira luego de aceptar el impedimento presentado por el alcalde Mauricio Salazar Peláez, quien manifestó no poder intervenir en asuntos relacionados con las elecciones legislativas de marzo de 2026 debido a la participación política de su esposa.
La @PGN_COL solicitó al Ministerio del Interior nombrar un alcalde ad hoc luego de aceptar el impedimento del mandatario actual, Mauricio Salazar Peláez, quien manifestó encontrarse inhabilitado frente a varios temas por la participación de su esposa en las elecciones… pic.twitter.com/MBxEm7JZXd
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 2, 2026
De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión implica que el mandatario local quede por fuera de cualquier deliberación o determinación que se adopte en el Comité de Seguimiento Electoral del municipio.
Según el ente de control, Salazar tampoco podrá tener injerencia en trámites administrativos que tengan vínculo, directo o indirecto, con el proceso electoral al Congreso para el periodo 2026-2030. La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda fue la encargada de formalizar esta restricción.
El requerimiento al Ministerio del Interior busca garantizar la imparcialidad de la administración municipal en el desarrollo del calendario electoral y evitar posibles conflictos de interés mientras se definen las responsabilidades del actual alcalde frente a los hechos que hoy son materia de investigación disciplinaria.
El ente de control confirmó, además, que continúa vigente la indagación abierta en diciembre pasado contra Salazar por presunta participación indebida en política.
Ese proceso disciplinario pretende establecer si existió una conducta reprochable, si esta constituye falta disciplinaria y si el funcionario actuó, o no, bajo alguna causal legal que excluya responsabilidad.
Este nuevo pronunciamiento de la Procuraduría se produce luego de que se conocieran una serie de denuncias sobre un supuesto constreñimiento a contratistas de la Alcaldía de Pereira para respaldar la aspiración al Senado de la esposa del alcalde.
Según se conoció en su momento, presuntamente, varios contratistas habrían sido citados a reuniones en las que se les solicitó recolectar datos de posibles votantes y participar activamente en la campaña.
Dentro de las denuncias, que tuvieron lugar en diciembre de 2025, también se mencionó la circulación de material proselitista y planillas que, según congresistas de Risaralda, evidenciarían una posible instrumentalización de la estructura administrativa con fines electorales, denuncias que ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control.
Frente a estos señalamientos, la Alcaldía de Pereira ha sostenido que no existen pruebas internas que comprometan a funcionarios en actividades políticas y ha negado cualquier presión a contratistas.
Entretanto, el nombramiento de un alcalde ad hoc se perfila como una medida preventiva que tendrá que ejecutar el Ministerio del Interior mientras avanzan las investigaciones.