A siete meses de finalizar su gobierno, Gustavo Petro enfrenta una de sus máximas tensiones con los 32 gobernadores del país por cuenta de uno de los decretos de emergencia económica que llevó a la rebeldía a los mandatarios regionales.
Una cosa es que algunos gobernadores –en especial quienes no votaron por él en 2022– se hayan opuesto a varias de sus decisiones, y otra muy distinta es que los 32 mandatarios regionales –incluidos los petristas– se envalentonaran a dos meses de las elecciones parlamentarias y a cuatro de las presidenciales y le anunciaran que no acatarán uno de sus decretos, que busca elevar los impuestos a licores y tabacos, recaudo con el que se financian la salud y la educación.
Temen que se disminuya el consumo y el recaudo y se aumente la ilegalidad, lo que afectaría los ingresos de los departamentos. Las voces más fuertes fueron las de los gobernadores del Valle, Dilian Francisca Toro; de Antioquia, Andrés Julián Rendón; del Tolima, Adriana Magali Matiz; del Meta, Rafaela Cortés, y de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
Ninguno de los 32 se opuso a las tutelas contra el Estado, ni a pedirle a la Corte Constitucional que los escuche y les permita declarar la excepción de constitucionalidad del decreto.
Pero ese no fue el único tema que llevó a los gobernadores a explotar. SEMANA conoció un alarmante informe de seguridad que fue revelado por un asesor de la Federación Nacional de Departamentos sobre los riesgos que enfrenta Colombia tras la crisis que vive Venezuela.
Se titula El eco de la crisis: cómo la inestabilidad de Irán reconfigura el riesgo de Hezbolá para Colombia en 2026. De acuerdo con el documento, la principal amenaza para el país, por ser limítrofe con Venezuela, en medio de esta crisis “es la convergencia criminal-financiera, no el terrorismo convencional, impulsada por la necesidad de Irán de evadir sanciones y financiar la represión interna”. Concluye que Irán sí hace presencia en el país vecino y significa un grave problema para los departamentos.
“El riesgo más plausible es el uso del territorio y las redes criminales locales para la facilitación financiera y logística, con el eje Irán-Venezuela funcionando como una plataforma clave para la irradiación de riesgos en la frontera”, se lee en el informe.
Y añadió: “Irán y Hezbolá operan a través de una estrategia de tres capas superpuestas para proyectar poder y generar recursos en América del Sur. Una, la vía diplomática y política; dos, narrativa y soft power; y tres, la convergencia con el crimen organizado como el ecosistema principal de financiamiento”.
Alianzas con el crimen
Los gobernadores escucharon atónitos y estupefactos. “El estrés financiero está forzando a Hezbolá a profundizar sus alianzas con el crimen organizado para el lavado de activos a través de métodos sofisticados: narcotráfico, minería ilegal y contrabando”.
El informe también advirtió sobre otro escenario preocupante: la suerte de los jefes del ELN y las disidencias de las Farc que se escondían en Venezuela y que, seguramente, huirán rumbo a Colombia tras la llegada de Estados Unidos al vecindario.
“Líderes como Iván Márquez (Segunda Marquetalia) y Antonio García (ELN) enfrentan una disyuntiva crítica: reinsertarse en un conflicto doméstico intensificado o buscar una negociación contrarreloj con el Estado”, se lee.
¿Está preparado el Estado para enfrentar lo que se avecina en materia de seguridad?, se preguntaron con preocupación los gobernadores. ¿Hay tiempo para actuar?
“Se requiere anticipación estratégica, fortalecimiento de la inteligencia regional y preparación para crisis humanitarias en todos los escenarios. La disputa por economías ilícitas (narcotráfico, minería de oro y coltán) seguirá siendo el principal motor del conflicto”, precisó el informe interno de la Federación Nacional de Departamentos.
Por otro lado, los gobernadores, cada vez más distantes de Petro, no ocultaron su molestia con la propuesta del presidente de eliminar siete peajes en Colombia. Entonces, “¿de dónde saldrán los recursos para financiar las grandes carreteras, entre ellas las 5G?”, se preguntaron.
La relación entre los gobernadores y el presidente está fría y promete bajar la temperatura cuanto más se acerque el ocaso del Gobierno. Al fin y al cabo, varios coinciden en que el tiempo pasó y Petro no miró a las regiones.
