POLÍTICA

Tatequieto a los estafadores en el mundo electrónico: así se busca proteger al consumidor

La iniciativa señala, por ejemplo, que el tiempo máximo de devolución, en caso de retracto, es de 15 días.

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13 de diciembre de 2022 a las 4:58 p. m.
Se determina que los proveedores deberán brindar información fidedigna, clara, suficiente y accesible a las personas acerca de las características de los productos
Se determina que los proveedores deberán brindar información fidedigna, clara, suficiente y accesible a las personas acerca de las características de los productos Foto: Getty Images

La Plenaria del Senado aprobó este martes, en segundo de cuatro debates, el proyecto con el que se busca brindar garantías a los usuarios de comercio electrónico en sus procesos de compra y venta de productos.

La propuesta, cuya ponencia estuvo a cargo del senador Efraín Cepeda, establece las normas aplicables al comercio, operaciones y negocios en línea.

“Este proyecto tiene por objeto proteger al consumidor electrónico, en la pandemia muchas empresas se salvaron por las ventas electrónicas y la tendencia ha continuado, pero las quejas han venido multiplicándose. Este marco normativo dicta que si, por ejemplo, hay demoras en entregas, el proveedor debe anunciarlas al consumidor para que este determine si puede esperar la entrega o no”, explicó Cepeda.

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El legislador conservador indicó que después de la pandemia ocasionada por el covid-19, muchas empresas lograron mantenerse vigentes por medio del comercio electrónico, pero también dejaron en evidencia la desprotección que tienen los consumidores para este tipo de comercio, un gran volumen de personas expresan molestias o inconvenientes al momento de comprar o adquirir bienes y/o servicios en páginas web, aplicaciones, de compañías o pequeños sitios de venta. Inconvenientes como:

●Pagos realizados y bienes o servicios no entregados o no prestados.

●Garantías no reconocidas, y exenciones de responsabilidad por los fabricantes, proveedores, comercializadores, administradores de plataformas web entre otros.

●Alteración de precios.

●Entrega de producto que no corresponde al comprado.

●Sin acceso a devolución de dinero.

●El tiempo de entrega fue mayor al esperado

El proyecto, de autoría de la senadora Nadia Blel y la representante a la Cámara Juliana Aray, establece un plazo para devolución de dinero al consumidor de máximo 15 días, en caso de retracto, y se determina que los proveedores deberán brindar información fidedigna, clara, suficiente y accesible a las personas acerca de las características de los productos que ofrecen mediante medios electrónicos, así como el precio y las condiciones de venta.

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Igualmente, se establece que la devolución del dinero debe hacerse a través del medio que prefiera el consumidor.

“Colombia se perfila como uno de los países que más utiliza las tecnologías de la informática y la comunicación TIC en América Latina, siendo el comercio electrónico uno de los principales móviles. Es necesario regular el mercado de operaciones de otorgamiento y ejecución de las operaciones de crédito en Colombia”, dijo el senador Cepeda.

Esta iniciativa es de gran impacto, si se tiene en cuenta que entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2022, la Superintendencia de Industria y comercio -SIC- recibió aproximadamente 8.070 denuncias por la presunta infracción a las normas de Protección al Consumidor relacionadas con el comercio electrónico.

Entre los motivos se encontró el incumplimiento de promociones y ofertas, la insuficiencia de información, los incumplimientos en los tiempos de entrega, las ventas sin disponibilidad de productos y el incumplimiento de ventas realizadas por redes sociales.

“Miles de compradores electrónicos aún no son víctimas de abusos por parte de los vendedores, por lo que con este proyecto de ley ratifica la seguridad al momento de comprar por internet”, afirmó el senador Cepeda.

Asimismo, en el citado periodo, se iniciaron 92 investigaciones; como resultado de la indagación se impuso sanción pecuniaria en 41 procesos que ascienden a los $6.264.848.561, por infracción a las normas de Protección al Consumidor.