SEMANA conoció que a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llegó la primera denuncia en contra del representante a la Cámara, Óscar Benavides, del Movimiento Libres, después de que apareció en sus redes sociales pidiendo donaciones para el Chocó a la cuenta personal de un aliado político.
La denuncia la presentó Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien le pidió a la Corte Suprema la “trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material” de una colecta abierta al público que lideró el representante Benavides junto a la integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Laura Camila Vargas.
El documento de 21 páginas en poder de SEMANA relata que en al menos dos verificaciones sobre las cuentas que publicó el congresista, apareció el nombre de José Ibalde o José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político del Chocó que sería muy cercano a Benavides. Por eso le piden a la Corte que investigue quién recibió jurídicamente esos recursos, bajo qué título, cuál fue la fundación que públicamente se dijo iba a administrar el dinero, qué autorización existía para utilizar las cuentas personales, cuánto dinero se recaudó en total, cómo fue invertido, qué saldo hay y quién dio las órdenes para su uso.
“En este momento hemos recaudado más de $ 300 millones de pesos, que serán destinados para que las familias en el departamento del Chocó y en otras zonas del país puedan ver el brazo solidario de todos los colombianos que nos hemos unido a esta causa noble”, dijo Benavides.
Los lugares a los que pidió llevar ayudas también generan dudas, pues uno de ellos, ubicado en Bogotá, es una casa que tiene relación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
La congresista Cathy Juvinao entró a la controversia mediante estos mensajes, publicados en X: “¿Puede un congresista pedirle dinero a ciudadanos, recibirlo en cuentas privadas y luego administrarlo para ayudar en una tragedia? La respuesta corta es NO: ser congresista no nos autoriza para convertirnos en fiduciarios o administradores informales del dinero de la gente".
“Primero una distinción fundamental. Ante una tragedia, los congresistas SÍ podemos: Convocar a la solidaridad. Donar nuestro dinero. Promover campañas. Compartir canales oficiales. Ayudar a conseguir recursos. Pero otra cosa muy distinta es decir: ‘Consignen la plata en esta cuenta privada y nosotros la administramos’”, agregó Juvinao.
“¿Qué pasa con el caso del representante Oscar Benavides? Tras el terremoto, el representante promovió una colecta que, según anunció, superó los $300 millones. Pero las cuentas difundidas para recibir las donaciones no aparecían a nombre de una fundación, y al menos algunas aparecían a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra", explicó la congresista.
“¿Quién es Ibalde? No es un tercero cualquiera. Ibalde y Benavides fueron candidatos en la misma lista a la Cámara en 2026, avalada por el Consejo Comunitario El Naranjo. Benavides posteriormente aseguró que “todo lo está gestionando una fundación”. Entonces la pregunta es elemental: ¿Cuál fundación y desde cuándo?“, agregó la congresista.
“El asunto ya llegó a la justicia. Una denuncia de 21 páginas fue radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema y quedó en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Se pide investigar tres posibles delitos: Captación masiva y habitual. Estafa. Peculado por apropiación. IMPORTANTE: una denuncia NO significa que Benavides sea culpable. La Corte deberá determinar si hay mérito para investigar”, agregó.
“Una precisión jurídica que me parece indispensable: no estoy convencida de que la tesis de captación masiva sea la más sólida. El art. 316 del Código Penal castiga captar dinero del público masiva y habitualmente sin autorización. Pero una donación humanitaria pura no necesariamente equivale a una captación financiera. Eso tendrá que determinarlo la Corte”, dijo Juvinao, al referir al alto tribunal.
“El punto del peculado es diferente: mucha gente cree que el peculado solo existe cuando se roban plata pública. FALSO. El art. 397 también contempla bienes de PARTICULARES confiados a un servidor público “por razón o con ocasión de sus funciones”. Pero para hablar de peculado por apropiación habría que probar que alguien efectivamente se apropió de esos recursos. Y eso, hasta ahora, NO está demostrado. Por eso la discusión no debería ser si ayudar estuvo bien o mal. ¡Claro que hay que ayudar! Las preguntas son otras: ¿Exactamente cuánto entró? ¿A cuáles cuentas? ¿Quiénes eran los titulares? ¿Quién ordenó los gastos? ¿Cuándo apareció la fundación? ¿Cuánto se ha ejecutado? ¿Cuánto queda? ¿Dónde están extractos, facturas y beneficiarios? Eso se llama TRAZABILIDAD.“, aseveró.
“Y aquí debería existir una regla de oro para TODOS los congresistas, sin importar el partido: podemos movilizar la solidaridad, pero NO necesitamos tocar la plata. Que las donaciones vayan directamente a organizaciones legalmente constituidas, verificables y con controles. Porque una tragedia exige solidaridad. Pero cuando hablamos de dinero ajeno, más siendo servidores públicos: SOLIDARIDAD SÍ. CUENTAS CLARAS, TAMBIÉN. ¿Por qué es problemático? Porque un congresista es un servidor público. Nuestra investidura genera autoridad y confianza, pero NO nos convierte en bancos, fiduciarias ni administradores financieros. Si recibimos dinero de ciudadanos surgen preguntas básicas: -¿Quién responde por la plata? -¿Quién audita? -¿Quién ordena los gastos? -¿Dónde están los extractos y facturas?“, escribió la congresista.
¿Puede un congresista pedirle dinero a ciudadanos, recibirlo en cuentas privadas y luego administrarlo para ayudar en una tragedia?
— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) August 15, 2026
La respuesta corta es NO: ser congresista no nos autoriza para convertirnos en fiduciarios o administradores informales del dinero de la gente 🧵👇🏽
Esta revista se contactó con Daniel Martínez, el autor detrás de la denuncia, quien manifestó: “El problema es usar cuentas personales en vez de canales institucionales como la Cruz Roja o bancos de alimentos, buscando protagonismo y generando dudas sobre el manejo del dinero. Si dijeron que era una fundación y en realidad el dinero llegaba primero a una persona natural, pudo inducirse en error a los donantes”.
Y agregó: “Si después esa persona aparece formalmente como donante ante la fundación, podría terminar recibiendo beneficios tributarios por recursos que realmente aportaron otras personas, algo que debe ser investigado”.