La EPS Coosalud regresó a sus antiguos dueños por una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que decretó la suspensión provisional de la intervención de la Superintendencia de Salud ejercida desde 2024 hasta la fecha. La EPS y la cooperativa, sobre la que se había tomado una decisión similar recientemente, volvieron a quedar en manos de Jaime González, quien durante décadas fue el representante legal de la compañía.
SEMANA conoció una denuncia instaurada en la Fiscalía el pasado 28 de octubre en la que se entregan detalles de lo que habría sucedido en la cooperativa, la base de la EPS y que está directamente relacionada con su funcionamiento, mientras estuvo en manos de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la administración de Gustavo Petro.
En la denuncia se solicita investigar las actuaciones de varios funcionarios implicados en esa intervención y el manejo que se le dio a la cooperativa entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026.
Uno de los hallazgos más reveladores es que durante ese periodo, según los reportes ante la Dian, “la cooperativa y cinco de sus sociedades acumularon 63 obligaciones vencidas por 4.752.904.501 pesos”. De ese total, 55 corresponden a la retención en la fuente e IVA por un valor de 2.920.870.730 pesos.
También se registran salidas de recursos “cuya causa no está acreditada” por 1.450 millones de pesos, pagados en agosto de 2026 “a empresas sin contrato hallado”.
La cooperativa es la matriz de un grupo de sociedades entre las que están Eventravels S. A. S., Soluinnova S. A. S., Inversa, Inversiones Portichelly S. A. S. (cuya única accionista es Soluinnova S. A. S.), Alma Servicios Empresariales Inteligentes S. A. S. y Red Humana S. A. S.
En la denuncia se menciona que 399.723.034 pesos de Soluinnova S. A. S., que se dedica a la administración de inmuebles, se fueron a anticipos para “una contratista representada por el propio suplente de la contratante” y que hasta el momento no consta que se haya adelantado ninguna labor por lo entregado.
Entre abril y mayo de 2025, a través de Soluinnova S. A. S., se celebraron dos contratos de adecuaciones con una empresa del sector de la construcción del Atlántico por 222.153.878 pesos y por 750.000.000 de pesos. Los anticipos por los casi 400 millones de pesos en 28 días generan dudas porque cerca de 299 millones se hicieron a través de una transferencia, mientras que 100 millones más fueron retirados en efectivo a través de PIN pad el 7 de mayo de 2025, sin un soporte de entrega al contratista.
En el informe también se detalla que el último agente especial habría reconocido por escrito que la cooperativa habría obtenido liquidez para funcionar aplazando de manera recurrente el pago de sus impuestos. “Se financió con el ‘diferimiento sistemático’ de sus obligaciones tributarias”, dice el documento.
“Se denuncia a cada persona por lo que hizo o dejó de hacer en su periodo y en su cargo. A los agentes especiales, por no consignar lo retenido y por la disposición de los recursos de la cooperativa. A los administradores de las subordinadas, por los anticipos y los retiros. Y a la superintendente que designó y vigiló a los agentes, por no impedir, conociendo las alertas, lo que tenía el deber y los medios de impedir”, se detalla en la denuncia.
Sobre las 63 obligaciones vencidas ante la Dian, que sería uno de los puntos más preocupantes del balance, se detalla que 11 pertenecían a la cooperativa por un valor de 1.544.637.000 pesos.
En el caso de Eventravels S. A. S., registra 24 obligaciones de deudas vencidas por 1.411.561.000 pesos; Soluinnova S. A. S., 14 por 975.596.000 pesos; Inversa, 4 por 674.361.000 pesos; Inversiones Portichelly S. A. S., 6 por 133.578.501 pesos; y Alma Servicios S. A. S., 4 por 13.171.000 pesos.
Cuarenta y dos de los compromisos tributarios se deben a retención en la fuente por 1.311.340.000 pesos de los 6 contribuyentes, 14 de IVA por 1.780.296.730 pesos y 7 de impuesto sobre la renta por 1.661.267.771, que representan el total de 4.752.904.501 pesos que se establecen como obligaciones vencidas ante la Dian.
“En seis periodos consecutivos de 2026, la cooperativa presentó las declaraciones de retención en la fuente sin pagar el total. Las sociedades vinculadas también acumulaban obligaciones vencidas con la Dian”, se detalla en la denuncia.
Esta situación habría sido abordada en una reunión de los representantes legales el 25 de mayo de 2026 y se propuso un acuerdo de pago para las obligaciones más antiguas. Sin embargo, hasta ahora no se reporta un acuerdo de pago ante la Dian, según consultas hechas en septiembre de 2026. A pesar de eso, en el seguimiento al plan de recuperación presentado por la intervención, el eje de gestión financiera, contable y tributaria figura como cumplido al 100 por ciento.
“A la fecha de los reportes de la Dian, ninguna de las 63 obligaciones había sido pagada”, reclamaron los denunciantes y ponen de presente que esas obligaciones están relacionadas con la gestión que adelantó la interventora en manos del Gobierno anterior y el “perjuicio patrimonial” que se habría dado.
Otro dato importante en la denuncia es que en agosto de 2026, es decir, el último mes en el que la cooperativa estaba intervenida, se efectuaron pagos por 1.450 millones de pesos “a empresas respecto de las cuales no se ha hallado contrato”.
“Ni ese equipo ni los servicios de seguridad con vehículo blindado y escolta figuran entre los gastos de administración reconocidos por la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que exigía informarlos previamente al supervisor”, se menciona.
Aparte de eso, hay 26 embargos activos sobre cuentas de la cooperativa por 16.272 millones de pesos, que el agente interventor no habría relacionado en su respuesta formal de entrega, lo que representa una diferencia de 7.479 millones entre los saldos bancarios registrados en los estados financieros y los saldos reales. Además, se habla de una compra en un supermercado por 2,2 millones de pesos con medios de pago de la entidad.
Precisamente, más allá de las grandes deudas tributarias, se detallan pagos menores que han despertado polémica, como el retiro de la cuenta de la sociedad por 56.700.000 pesos en efectivo en 42 operaciones por cajero, entre ellas una de 14,6 millones de pesos el 25 de septiembre de 2025.
Por otro lado, el 23 de septiembre de 2025 se hicieron cuatro pagos con la tarjeta corporativa de Inversiones Portichelly en el Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena: tres por un millón y una por 2 millones de pesos, para un total de 5 millones de pesos. Sumado a que el 28 de noviembre de 2025 se hicieron dos pagos por 400.000 pesos en El Paraíso del Marino Club, en el barrio Vista Hermosa de Cartagena, un prostíbulo de la ciudad.
En el documento radicado ante la Fiscalía se detalla la responsabilidad que le acarrearía a cada uno de los ocho funcionarios mencionados en estos hechos y las conductas que se habrían tipificado. Se mencionan los delitos de omisión del agente retenedor o recaudador, peculado por apropiación, peculado culposo, prevaricato por omisión, administración desleal, abuso de confianza, abuso de confianza calificado y falsedad ideológica en documento público.
SEMANA consultó a María José Navarro, exsuperintendente de la Economía Solidaria, quien aseguró que los pasivos tributarios no surgieron de la intervención. “Una cifra global de 63 obligaciones no dice cuándo se causó cada una ni a cargo de qué entidad, concepto y administrador”, afirmó. Y que desde febrero de 2026 la cooperativa y sus vinculadas enfrentaron una crisis de liquidez por la suspensión de pagos de las EPS. “Ante eso se adoptó una política estricta de priorización del gasto para garantizar la operación de la cooperativa mientras se regularizaban los pagos atrasados”, aseveró.