El estado financiero de las entidades promotoras de salud (EPS) ha desatado una fuerte polémica entre el Gobierno nacional y varios sectores políticos y actores del sistema de salud colombiano. Al debate se han sumado también algunas voces académicas y privadas, como el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, que este 3 de agosto reveló que las EPS cerraron el año pasado con billonarias pérdidas.
Al menos así lo encontró en un reciente informe que denominó Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS y que buscaba hacer una radiografía profunda del sector sanitario en materia económica.
A través de un comunicado de prensa en el cual dio detalles sobre el documento, esa fuente sostuvo que encontraron una brecha “entre los recursos disponibles y las deudas acumuladas desde gobiernos anteriores en contraste con la alta demanda de servicios y tecnologías de salud”.
Asimismo, mencionó que en sus análisis encontraron que la ampliación del derecho a la salud que contempla la reforma propuesta por el Gobierno nacional (que se encuentra en tránsito en el Congreso de la República) podría implicar un “financiamiento adicional” para cumplir con sus objetivos.
“Los balances financieros de EPS permiten concluir que algunas instituciones pasan por una situación de inviabilidad financiera que se podría acentuar por la presión de ampliar los procedimientos y tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). En el cierre del año 2022 las EPS registraron pérdidas de 2,3 billones de pesos”, indicó Así Vamos en Salud en su comunicado.
Los ingresos de las EPS, mientras tanto, fueron considerados como “insuficientes”, lo cual genera que esas entidades tengan que hacer “esfuerzos adicionales” para capitalizarse con el fin de responder a la demanda “permanente y creciente” por parte de sus afiliados.
El centro de pensamiento indicó, además, que algunas de esas entidades han tenido que asumir gastos extra con el fin de atender a los pacientes que han recibido después de que las EPS que los atendían originalmente entraran en procesos de liquidación.
De otro lado, Así Vamos en Salud mencionó que el comportamiento de las cuentas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y del Fosyga da cuenta del “rezago histórico” que se ha presentado entre los recursos que se recaudan, las apropiaciones, los compromisos adquiridos y los pagos a los distintos actores del sector salud.
“Entre las recomendaciones de Así Vamos en Salud, considerando tanto la situación financiera actual como lo propuesto por la reforma, se destaca que en las proyecciones se mencionan gastos que hoy no se contemplan en los más de 87,9 billones presupuestados, lo que podría poner en vilo las atenciones que se cubren hoy. Entre estos gastos sin estimación está el caso de las licencias de maternidad extendidas a toda la población”, advirtió el centro de pensamiento.
De otro lado, indicó que en su concepto no es conveniente “encauzar” las finanzas del sector en una cuenta bancaria, pues consideraron que puede haber un riesgo financiero importante. Esto se debe a que ningún banco podría asumir por sí mismo los riesgos que implicarían aspectos como la tesorería, el encaje, la liquidez y la contraparte, los cuales serían una consecuencia de la centralización de esos dineros.
“Otra recomendación es reevaluar la estructura de los presupuestos máximos y determinar cuáles de estas tecnologías y servicios deberían ser pagadas con recursos de la UPC integral, de manera que se establezca si los incrementos financieros extraordinarios de 2022 y 2023 han sido suficientes”, puntualizó el centro de pensamiento.
Por último, recordó que hay que tener presente la “alerta” que hay con relación a los problemas de recaudo que se vienen presentando en fuentes como las cotizaciones y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en lo que va del año.
En esa medida, advirtió que se deben implementar acciones para asegurar el presupuesto que ya se estableció, teniendo en cuenta que la adición presupuestal que fue aprobada en el Congreso de la República no alcanzaría ni para cubrir el déficit que ya se estimó ni para sustituir lo que calificaron como un “bajo recaudo”.