Los agentes de tránsito son la autoridad encargada de regular la movilidad y vigilar que los conductores cumplan las normas de tránsito y transporte, según como se encuentran establecidas en la Ley 769 de 2002.
Si un ciudadano comete una infracción mientras conduce, ya sea manejar por exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito o manejar en estado de embriaguez, las autoridades podrán imponerle una sanción económica, e incluso inmovilizar el vehículo, dependiendo del nivel de gravedad.
Aunque estas medidas son hechas con el objetivo de promocionar una seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas, algunos funcionarios del país han compartido presuntas irregularidades relacionadas con la forma en que se llevan a cabo los controles de tránsito.
El senador Gersson “Biter” Vargas compartió cómo fue su experiencia como antiguo miembro de la Policía de Tránsito, señalando que, durante su paso, vio distintas prácticas que despertaron sus preocupaciones en la forma en la que se realizaban varios procedimientos.
Según su relato, conoció sobre la existencia de presuntas cuotas de comparendos e inmovilización que tenían que cumplir los agentes.
El senador afirmó que estas exigencias no necesariamente respondían a decisiones de los propios agentes, sino que eran establecidas por algunas secretarías de movilidad como condiciones para mantener sus puestos de trabajo.
“Yo expuse que en su momento, claro que pues eso no lo puedo confirmar ahora, no sé cómo sean las cosas dentro de la institución, pero cuando yo estuve allí y nos hacían revista, pasaba el comandante con su auxiliar y a cada uno nos decía: “Bueno, ¿y esta semana cuántas inmovilizaciones, cuántos comparendos va a hacer?”. Entonces, eso fue como algo que me hizo despertar, que los conductores no tenían este conocimiento”, comentó Gersson en diálogo con Nos Cogió la Noche.
“Biter” también afirmó que si se incumplía con las metas, algunos funcionarios podrían sufrir varias consecuencias por parte de las secretarías de movilidad, entre ellas la posibilidad de no disfrutar de sus días de descanso.
Para el senador, esta exigencia provocaba que varios agentes de tránsito se vieran obligados a imponer comparendos a usuarios por conductas que realmente no son aplicables según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.
“Por esa misma presión se hacían comparendos que realmente no eran una infracción de tránsito, pero como los mismos conductores no se capacitaban, pues obviamente le creían a ese uniforme de donde estaba esa persona haciéndoles el comparendo”, comentó.