La denuncia abrió varias dudas sobre quién estaría autorizado para inmovilizar los vehículos y bajo qué norma se exigiría el dinero.
Una denuncia ciudadana puso la lupa sobre un particular procedimiento que, según el reclamo difundido en redes sociales, se estaría aplicando a motociclistas en la Central Mayorista de Antioquia.
La situación denunciada consiste en que se estarían encontrando motos encadenadas y que, posteriormente, se exigiría un pago cercano a $30.000 para poder moverlas.
El reclamo no cuestiona la existencia de zonas en las que está prohibido estacionar. De hecho, reconoce que las reglas de parqueo deben cumplirse. El punto de la denuncia está en la forma en que se estaría aplicando la medida.
Según el planteamiento ciudadano, existirían dudas sobre qué norma permitiría a particulares o personal de seguridad privada encadenar físicamente una motocicleta, quién estaría facultado para realizar esa inmovilización y cuál sería el fundamento del cobro.
La denuncia también cuestiona quién recibe los cerca de $30.000 que, según el reclamo, tendrían que pagar algunos usuarios para poder retirar sus vehículos.
Otro de los interrogantes está relacionado con la información previa. Los ciudadanos piden establecer si existe señalización visible y oficial que informe sobre la medida, las condiciones para liberar las motos y la tarifa que se estaría cobrando.
🚨 ¿Te dejaron la moto encadenada en la Central Mayorista de Antioquia y te cobraron cerca de $30.000 para poder moverla?
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 1, 2026
No se trata de negar las zonas donde está prohibido parquear. Se trata de un procedimiento que inmoviliza físicamente el vehículo y condiciona su liberación… pic.twitter.com/vo2JLxSqfL
El reclamo incluso plantea qué mecanismo tendría un usuario para presentar una queja en caso de considerar que la inmovilización fue aplicada de manera indebida.
Por ahora, estas inquietudes hacen parte de una denuncia ciudadana y no permiten establecer por sí solas que el procedimiento sea ilegal o que el cobro carezca de autorización.
Precisamente por eso, quienes realizaron el reclamo solicitan que las autoridades competentes revisen cómo se está aplicando la medida en la Central Mayorista.
La petición busca determinar si el procedimiento utilizado para impedir el movimiento de las motocicletas está respaldado por la normativa y, en caso de encontrar irregularidades, establecer las medidas correspondientes.
El debate planteado por los ciudadanos, entonces, no gira únicamente alrededor de dónde está permitido estacionar. La discusión está en qué ocurre después de que una moto queda encadenada y bajo qué condiciones puede ser liberada.
Mientras se conoce una eventual respuesta oficial, la denuncia continúa circulando en redes sociales y plantea varias preguntas sobre el procedimiento, la señalización y el cobro.