Un nuevo caso de intolerancia quedó grabado en la ciudad de Bogotá, luego de que un motociclista tomara la decisión de quemar su propia motocicleta mientras esta era inmovilizada para ser llevada a patios.

Los hechos comenzaron durante un procedimiento en la Av. Boyacá con calle 67B sur, en la localidad de Usme, en el que agentes de tránsito habían retenido el vehículo y que estaba siendo transportado en una grúa.
A pesar de que la motocicleta se encontraba inmovilizada por las autoridades, el propietario reaccionó de forma agresiva y terminó provocando un incendio, que afectó la mayor parte del vehículo.
Agentes de tránsito tuvieron que intervenir para evitar problemas mayores en la zona, donde hicieron uso de un extintor para apagar las llamas. El responsable de incendiar la moto huyó del lugar, por lo que no pudo ser identificado por los actos cometidos. Por el momento, se desconoce el paradero del motociclista que prendió fuego a su propio vehículo.
¿Qué sanciones o multas podría recibir el motociclista?
La ley en el país establece las múltiples sanciones económicas, así como las penas de prisión que un ciudadano puede recibir por parte de las autoridades cuando ocurren actos similares a los registrados en la ciudad de Bogotá.
En el caso del Código Nacional de Tránsito, el responsable del incendio puede estar recibiendo una multa tipo C.31 al “no acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito”.

Tras cometer esta sanción, las autoridades podrán imponer una multa que deriva en el pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $633.200 pesos.
En cuanto al incendiar la motocicleta, el Código Penal es la normativa encargada de sancionar estas acciones.
Si un ciudadano toma la decisión de prender fuego a una cosa mueble (como, por ejemplo, a un vehículo) y genera un peligro común, estaría recibiendo una multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
No solamente eso, sino que el infractor también podría presentar una pena por prisión. La normativa indica que, de ser así, el infractor podría estar bajo las rejas durante un periodo de 16 a 144 meses, es decir, 12 años máximo.
