La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, y el representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico, integrantes de la Comisión Accidental para la verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta social, del Congreso de la República, visitarán la cárcel de Cómbita en Boyacá, con el fin de verificar las condiciones de vida y reclusión de las personas que se encuentran en ese centro de reclusión detenidas por hechos ocurridos durante las protestas del paro nacional del año pasado.

Los congresistas estarán acompañados de representantes de organizaciones sociales del Congreso de los Pueblos, Objetivo Libertad y la Corporación Social Primera Línea.

Esta no es la primera vez que miembros del Pacto Histórico visitan cárceles en el país, es un ejercicio que han venido haciendo en las últimas semanas con el aval del Congreso.

Como lo explicó el representante Suárez Vacca, “estas visitas que estamos realizando a algunos de los centros de reclusión del país son básicamente acciones humanitaria, para hacerle seguimiento al cumplimiento de las garantías de las personas detenidas, revisar cada uno de los casos conjuntamente con los defensores de los procesados, poner en conocimiento de las autoridades las posibles irregularidades que encontremos y finalmente elaborar un informe con recomendaciones de política legislativa sobre el tema”.

En ese sentido, para la senadora Sandra Ramírez, “este informe que pensamos elaborar en conjunto con los compañeros y compañeras de la Comisión Accidental, es muy importante porque da recomendaciones puntuales para este tipo de casos para la Fiscalía, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, para que cumplan con las garantías que deben tener los jóvenes detenidos en esos centros carcelarios”.

Según la Campaña Objetivo Libertad, con corte a 19 de octubre se había podido determinar que hay 228 personas judicializadas por hechos ocurridos en las protestas, 113 como medida intramural, 32 con medida domiciliaria, 43 sin establecer y 39 procesados en libertad ya sea por vencimientos de términos o por revocatoria de la medida de aseguramiento.

Para los representantes de la Campaña, una particularidad importante que han encontrado en el marco de estas visitas humanitarias es que en algunos de los casos “se han imputado delitos que no corresponden a la protesta social, es decir que ninguna de las personas judicializadas tiene imputados delitos políticos, lo que para nosotros es una estrategia que busca desconocer su participación en la protesta social, en la comunicación popular, en la defensa de los derechos humanos, entre otras”.

No obstante, también hay que tener en cuenta que algunos de estos detenidos también están señalados de delitos relacionados con el vandalismo.

2022-11-18

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