El sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más críticos, según un reciente informe de la Contraloría General de la República que evaluó las intervenciones realizadas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios entre 2019 y 2024.
Los hallazgos, de carácter estructural, evidencian que las medidas adoptadas por el Estado no han logrado recuperar la sostenibilidad financiera ni la capacidad operativa de las aseguradoras intervenidas.
De acuerdo con el estudio, el 75 % de las entidades bajo intervención presenta un desempeño catalogado como “medio-bajo”, sin mejoras sustanciales tras varios años de control estatal.
El impacto de esta situación se refleja en que más de 29 millones de colombianos, equivalentes al 58 % de la población asegurada, dependen actualmente de EPS con serias dificultades para garantizar la prestación continua de servicios médicos, medicamentos y tratamientos especializados.
La gravedad del escenario se acentúa con la proyección del modelo econométrico de la Contraloría, que señala un aumento progresivo del riesgo sistémico.
La probabilidad de una crisis general del sistema pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024 y podría alcanzar el 60,4 % en 2026 si no se adoptan correctivos de fondo. Estas cifras reflejan una tendencia que compromete la estabilidad del aseguramiento en salud.
Uno de los efectos más visibles de esta crisis es el retiro de operadores clave de la cadena farmacéutica. La suspensión del servicio de un gestor farmacéutico para la Nueva EPS, anunciada para enero de 2026, es presentada como consecuencia directa de la incapacidad de pago de las entidades intervenidas.
Según el informe, las EAPB acumulan deudas por $ 9,3 billones con la red de salud, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles.
El documento también advierte que los mecanismos de control no han sido eficaces. De las cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha recuperado el 6,07 %, pese a que la mayoría reporta altos niveles de cumplimiento de planes formales.
A esto se suman $770 mil millones en deudas con hospitales públicos, lo que compromete su funcionamiento y capacidad de atención.
Desde la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, el panorama genera profunda preocupación. Su presidente ejecutivo, Ignacio Gaitán, afirmó: “La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio”.
Afidro hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar soluciones financieras urgentes, revisar el cálculo de la UPC y garantizar transiciones ordenadas entre operadores, con el fin de evitar interrupciones en el suministro de medicamentos.
El informe de la Contraloría, concluyen los expertos, confirma que las intervenciones no han cumplido su objetivo y que, sin cambios estructurales, el derecho fundamental a la salud seguirá en riesgo para millones de colombianos.