El sector eléctrico está al borde de un cortocircuito y acá le explicamos por qué

El pasado 19 de mayo se radicó en el Congreso una comunicación firmada por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Minas y Energía, Irene Vélez, con mensaje de urgencia para el trámite de un proyecto de ley que permite la integración vertical en el sector de la energía.

Esta iniciativa, como advierte la carta, tiene nombre propio: que Ecopetrol pueda realizar una integración vertical en materia de generación eléctrica con Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), empresa que pertenece en su mayoría accionaria a la petrolera. Hoy la ley no permite esa figura y fue una de las lecciones que se aprendieron luego del apagón de hace 30 años, momento en el que el servicio de energía estaba concentrado en empresas públicas integradas, mayoritariamente ineficientes y con altas cargas financieras.

La decisión de ese momento facilitó la inversión extranjera, focalizó los negocios y, sobre todo, trajo mayor competencia e inversión a un sector que construyó una sólida institucionalidad, la cual ha garantizado, hasta ahora, el aumento en la cobertura y evitar los racionamientos en las últimas tres décadas.

Por eso, ha provocado polémica esta propuesta de proyecto de ley que radicaron los senadores José David Name, Isabel Zuleta y Catalina Pérez, entre otros.

Para el senador David Luna, de Cambio Radical, el Gobierno quiere estatizar el sistema energético “como lo pretende hacer con el sistema de salud. Es un tema muy técnico, pero, claramente, puede causar una debacle en el sistema”.

Sin embargo, el Gobierno defiende la iniciativa que busca impulsar una de sus principales apuestas: el fomento y la garantía de la generación de energía proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables, y que Ecopetrol, como punta de lanza, contribuya a la transición energética, “convirtiéndose en un vehículo de inversión gubernamental en este tipo de proyectos”, según la carta.

Esta polémica propuesta llega en un momento de alta tensión en el sector eléctrico de cara a la transición energética y a la necesidad de garantizar la oferta en medio de una creciente demanda. Proyectos eólicos suspendidos, aplazamiento de agosto a octubre de la subasta de energía, la inminente llegada del fenómeno de El Niño –que presionará la generación y las tarifas–, así como el interés del Gobierno de modificar la institucionalidad del sector con el cambio de la ley de servicios públicos y con los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en interinidad formaron un complejo coctel que ha llevado al senador Luna a advertir que el país podría revivir el fantasma de un apagón entre finales de 2024 y 2025 si no se hacen ajustes en el sector.

El coctel

Hace apenas unos días se conoció que la construcción en La Guajira del proyecto del parque eólico Windpeshi, con una capacidad de 205 megavatios (MW), fue suspendida indefinidamente por Enel. Esta ha sido la punta del iceberg de la crisis en los proyectos renovables no convencionales. Según un informe de SER Colombia, gremio del sector de los renovables, de 80 proyectos (tres de ellos en La Guajira) con una capacidad de 3.300 MW e inversiones entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, el 65 por ciento tiene trámites pendientes, causando demoras de entre uno y dos años.

“Con un empujón pequeño porque les falta un solo trámite, podrían entrar alrededor de 450 a 500 MW de nueva capacidad de generación en el segundo semestre de este año, según la actualización a mayo hecha por SER Colombia con sus afiliadas”, señaló la presidenta de este gremio, Alexandra Hernández. Agregó que hay 780 MW adicionales programados para entrar en 2023, pero les falta más de un trámite. “Seguimos trabajando con el apoyo del Gobierno para que también logren entrar antes de que se acabe este año”, afirmó. Los otros 2.200 MW entrarían en 2024.

Otra es la historia de los proyectos en La Guajira, que suman más de 2.500 MW. Allí está ubicado Windpechi y hay otros, como Alpha y Beta, con capacidades superiores a los 400 MW, a los que les fue archivada la licencia ambiental y tienen que iniciar el proceso nuevamente. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), hay 22 proyectos. De ellos, 19 entrarían después de 2024 y dependen de que empiece la operación de la línea Colectora y su subestación, que transportará más de 1.050 MW generados por plantas solares y eólicas para conectar la energía con el sistema nacional. Por la línea Cuestecitas saldrán otros 1.000 MW, y el resto, por subestaciones cercanas a ese departamento. Las demoras obedecen, en gran parte, a las dificultades en las consultas previas, sin las cuales es imposible obtener la licencia ambiental. Por ejemplo, en el caso de Colectora, cuando ya tenía gran parte de las consultas hechas, el Ministerio del Interior incluyó nuevas, que hacen que los tiempos se extiendan.

El desarrollo de los proyectos en esta región mostró la falta de atención y el olvido de los Gobiernos con La Guajira, un departamento muy pobre que al ver la llegada de las empresas produjo altas expectativas para que fueran ellas las que solucionaran sus necesidades. Además, con la complejidad de su estructura social, muy atomizada, incluso entre las mismas familias que han originado centenares de consultas previas.

Por si fuera poco, los proyectos que participaron en las subastas de hace cuatro años han tenido que empezar a honrar sus compromisos de energía. La idea era que estos proyectos ayudaran a presionar los precios a la baja. Sin embargo, ahora viven una paradoja: tienen que comprar la energía en bolsa en uno de los momentos en que está más costosa, cerca de 800 pesos por kilovatio, a generadores tradicionales, cuando se supone que eran la pieza angular de la transición energética. Como resultado, varios proyectos viven una apretada coyuntura financiera, pues el modelo concentró los riesgos en ellos, como explica Hernández.

Esta situación ratifica el diagnóstico de la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, en su más reciente congreso: “La transición energética está en cuidados intensivos”.

Pero no es la única preocupación. Para el segundo semestre de este año, se espera la llegada del fenómeno de El Niño, cuya intensidad y duración aún se desconocen. Sin embargo, ya las plantas térmicas han empezado a funcionar para dar garantía al sistema y cuidar el agua, pero con un aumento en los precios.

“Con la capacidad existente en el sistema, con las plantas que van a entrar este año, como Termocandelaria, Termocaribe 1 y las unidades 3 y 4 de Hidroituango, podemos decir que estamos con la energía firme para atender la demanda del país. Pero hay que estar monitoreando cómo avanza, qué tan profundo y qué tan largo puede ser el fenómeno de El Niño. En este momento tenemos los recursos necesarios para abastecer el país ante su llegada y estamos activando toda la logística y la compra de combustibles”, dijo Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, gremio de los generadores térmicos.

La otra gran duda que surgió esta semana fue la decisión de correr la subasta de energía, programada inicialmente para agosto, al mes de octubre. Alejandro Lucio, experto del sector, explicó que uno de los requisitos para presentarse es una conexión aprobada al proyecto y solo entre abril y mayo la Upme señaló quiénes la tenían y los tiempos no se ajustaban para las certificaciones. En cuanto a si hay o no apetito sobre el sector, Lucio aseguró que hay interés: “La incertidumbre y los mensajes del Gobierno no ayudan para nada, pero en un escenario en el que el único ingreso de largo plazo garantizado de un proyecto de generación es el cargo por confiabilidad, si se lo asignan, hay interés, pues se garantiza un ingreso por 20 años”.

El sector atraviesa uno de los momentos más tensos después del apagón de principios de la década de 1990. Será necesario que Gobierno, empresarios y comunidades logren ponerse de acuerdo para que haya luz al final del túnel.