Cada vez que una persona abre una cuenta bancaria, contrata un plan de telefonía, compra por internet o se registra en una aplicación, deja una huella de datos que alimenta buena parte de la economía digital.
El problema es que, después de aceptar términos y condiciones, muchos usuarios pierden visibilidad sobre quién accede a su información, para qué se usa y cómo podrían retirar ese permiso.
En un entorno cada vez más basado en inteligencia artificial, Open Finance y servicios personalizados, esa falta de control empieza a convertirse en un tema de confianza.
Según el estudio Cómo impulsar las finanzas abiertas de Datacrédito Experian, 62% de los usuarios teme que sus datos sean utilizados para fines distintos a los autorizados, mientras 43% cree que no podría revocar ese acceso fácilmente.
Las cifras muestran una tensión creciente, las personas están dispuestas a compartir información para acceder a servicios más ágiles, pero no necesariamente sienten que conservan el mando sobre el uso posterior de esos datos.
Esa brecha ha empezado a mover la discusión más allá de la ciberseguridad tradicional. Ya no se trata solo de proteger bases de datos frente a ataques, sino de garantizar que el consentimiento sea comprensible, trazable y reversible.
Es decir, que el usuario no solo autorice, sino que también pueda monitorear y cambiar esa decisión cuando lo considere necesario.
“Durante años el consentimiento se redujo a aceptar términos y condiciones extensos y difíciles de comprender. Eso generó una brecha entre la cantidad de datos que circulan en el entorno digital y la capacidad real de las personas para entender y controlar cómo se utilizan”, explicó Nathalia Landeta, CEO y fundadora de Certena.
La discusión gana relevancia en un momento en que sectores como el financiero, el comercio electrónico, los seguros, la salud o las telecomunicaciones dependen cada vez más del intercambio de información personal para operar.
Modelos como el Open Finance, por ejemplo, permiten que distintas entidades compartan datos para ofrecer productos más ajustados al perfil del cliente, pero también exigen reglas más claras sobre autorización, propósito y trazabilidad.
En la práctica, recuperar el control sobre los datos implica varios elementos concretos: saber qué empresas tienen acceso a la información, entender con qué propósito la usan, poder autorizar o revocar permisos sin trámites engorrosos y recibir alertas si se detectan usos no autorizados.
Esa capacidad de gestión no solo mejora la percepción de seguridad, sino que también puede fortalecer la relación entre usuarios y plataformas.
“Las personas están dispuestas a compartir información cuando entienden para qué se utilizará y sienten que pueden detener ese uso cuando quieran. La confianza surge cuando el usuario deja de ser un actor pasivo y pasa a tener control sobre su información”, añadió Landeta.
A medida que más servicios dependen de datos personales para funcionar, la privacidad deja de ser un asunto técnico reservado a expertos o áreas legales.
En la economía digital, empieza a convertirse en un componente central de la experiencia de usuario. Porque compartir información ya es parte de la vida cotidiana, pero conservar el poder de decidir sobre ella será cada vez más determinante.