Colombia ha mejorado sus cifras de empleo, pero la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral. En julio de 2026, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,1 %, frente a 8,8 % un año atrás. Sin embargo, entre abril y junio, el 54,5 % de los ocupados trabajaba en condiciones de informalidad.
La brecha es aún mayor fuera de las principales ciudades. En los centros poblados y el área rural dispersa, la informalidad llegó a 83,2 %, mientras que en las 13 principales ciudades fue de 40,7 %, de acuerdo con un estudio presentado por el gremio de gremios Aliadas y elaborado con respaldo académico de la Universidad del Rosario.
El documento, titulado Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas, reúne 30 iniciativas que van desde medidas de aplicación rápida hasta reformas que requerirían cambios legales, recursos fiscales y nuevos arreglos institucionales. La propuesta fue presentada ante el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes.
Uno de los planteamientos centrales es que la informalidad no puede analizarse únicamente a partir de si una persona cotiza o no a la seguridad social. El estudio propone dividir el problema en cinco dimensiones: cotización y sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la ley, protección y bienestar, productividad y escala empresarial, y trazabilidad. Según el documento, mejorar una de estas variables no implica necesariamente avances en las demás.
Las diferencias por tipo de trabajador son amplias. La informalidad es de 25,4 % entre los asalariados, sube a 82,4 % entre los independientes y alcanza 94 % entre los trabajadores rurales no asalariados. En las microempresas llega a 84,5 %, frente a apenas 2,1 % en las grandes compañías.
El estudio también advierte que la informalidad tiende a mantenerse en el tiempo: estima una persistencia de 75 % y señala que un trabajador por cuenta propia tiene apenas 3 % de probabilidad de pasar a un empleo asalariado formal.
Entre las medidas propuestas están permitir aportes a la seguridad social proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado, crear una hoja de vida verificable para independientes, ampliar la certificación rápida de competencias y establecer un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social.
María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, señaló que la informalidad no se resolverá con una única norma y que las obligaciones deben ajustarse a las distintas realidades laborales. “Colombia necesita pasar de medir el problema a tomar decisiones”, afirmó.
El vicepresidente Restrepo, por su parte, planteó que la estrategia para reducir la informalidad debe comenzar por abaratar y simplificar el paso a la formalidad, especialmente para jóvenes, mujeres y trabajadores rurales. Señaló que el exceso de regulación, trámites y cargas eleva los costos para empresas y trabajadores, y recordó que en Colombia se expiden alrededor de 7.000 normas, resoluciones y circulares al año. Su propuesta es adelantar un programa de simplificación que reduzca esa “maraña” de requisitos y, al mismo tiempo, disminuya otros costos que afectan al sector formal, como los asociados a la energía.
Un segundo frente consiste en aumentar los beneficios de formalizarse. Restrepo planteó retomar incentivos temporales para la contratación, particularmente de jóvenes y mujeres, como mecanismos para romper barreras como la falta de experiencia laboral. También propuso fortalecer la educación terciaria y conectar mejor la formación con las necesidades de las empresas, mediante certificaciones y el reconocimiento de aprendizajes y experiencia adquiridos previamente. A esto sumó esquemas de protección social para trabajadores de bajos ingresos, financiados parcialmente con impuestos generales, bajo la idea de proteger al trabajador y no únicamente el tipo de contrato que tiene.
Restrepo señaló además que la formalización depende de elevar la productividad y contar con mejor información sobre el mercado laboral. Entre sus propuestas mencionó ampliar el acceso al crédito para reducir la dependencia del “gota a gota”, impulsar la asistencia técnica, la digitalización y tecnologías como la inteligencia artificial, así como extender programas como las Fábricas de Productividad, que, según afirmó, han logrado aumentos promedio de productividad superiores al 32 %. Finalmente, pidió mejorar la calidad de las estadísticas de empleo e informalidad, diseñar políticas según las diferencias de cada territorio y orientar la inspección laboral más hacia la prevención que hacia la sanción.