La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) pidió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo archivar la investigación que podría terminar con la imposición de derechos antidumping de hasta un 88,64 % a las llantas para buses y camiones procedentes de China. El gremio advierte que la medida elevaría los costos de operación del transporte y podría trasladarse a los pasajes y fletes.
La solicitud fue radicada el 5 de noviembre, en el marco del expediente D-215-73-142, que estudia las importaciones de neumáticos radiales para buses y camiones. La investigación se originó por una petición de la ANDI, en representación de Goodyear de Colombia, único productor nacional, que señaló presuntas prácticas de dumping en las importaciones chinas.
Uno de los principales argumentos de ADITT es la capacidad limitada de la industria local para atender la demanda. Según el gremio, Goodyear cubre apenas el 5,2 % del consumo nacional aparente. Incluso si destinara toda su producción al mercado colombiano, alcanzaría a abastecer máximo el 9 %. Mientras tanto, más del 91 % del mercado depende de las importaciones y China concentra el 80,73 % de esos volúmenes.
El gremio calcula que el gravamen representaría un sobrecosto de 1,95 dólares por kilo, lo que podría afectar especialmente a pequeños transportadores y propietarios de vehículos de carga y pasajeros. Entre los riesgos señalados están el aplazamiento del cambio de llantas, la inmovilización de automotores y las dificultades para mantener las condiciones de seguridad exigidas en las revisiones técnico-mecánicas.
ADITT también cuestiona que Goodyear participe en el mercado como productor e importador. De acuerdo con las cifras citadas en su solicitud, entre 2022 y 2025 la compañía importó más de 2,25 millones de kilos de los neumáticos investigados, incluidos 883.151 kilos provenientes de sus plantas en China.
Además, el gremio plantea reparos metodológicos al proceso y señala que no se habría llevado a cabo el análisis de interés público sobre las consecuencias de la medida.
Por ello, solicitó archivar la investigación sin imponer gravámenes arancelarios. Como alternativas, propuso establecer un derecho inferior mediante un precio base FOB, limitarlo a dos años, y solicitar un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre posibles riesgos de concentración del mercado. Y, por último, la creación de una mesa técnica de seguimiento con MinTransporte, DIAN, SIC y DANE con cláusulas de revisión automática ante señales de desabastecimiento o alzas de precios desmedidas.