La propuesta de aumentar el impuesto al consumo de cigarrillos, contemplada en el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, podría tener efectos contrarios a los esperados en materia de recaudo y salud pública, además de fortalecer las finanzas de las organizaciones criminales.
Así lo advierte un estudio de la Universidad de los Andes, que señala que un incremento significativo de la tarifa podría impulsar el contrabando y reducir los ingresos tributarios.
El estudio Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado, fue elaborado por Daniel Mejía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá.
Según el análisis, Colombia ya estaría en el límite del umbral en el cual nuevos aumentos abruptos del impuesto reducen el recaudo, sin generar una disminución proporcional del consumo total.
Esto ocurre porque una parte de los consumidores podría trasladarse al mercado ilegal, especialmente en un país con altos niveles de contrabando y capacidades limitadas de control.
Las simulaciones del estudio indican que, si el impuesto específico llegara a $ 11.200 por cajetilla, como plantea la iniciativa legislativa, los ingresos fiscales podrían caer hasta 75 %, con un recaudo de alrededor de $240.000 millones. Al mismo tiempo, la participación del mercado ilegal podría superar el 90 % del total.
El impacto también se reflejaría en las finanzas de las redes criminales. De acuerdo con Mejía, bajo la tarifa actual las rentas ilegales asociadas al contrabando se estiman en cerca de $ 395.000 millones, pero con el incremento propuesto podrían superar los $ 900.000 millones.
El estudio advierte que el mayor diferencial de precios entre los cigarrillos legales e ilegales aumentaría la rentabilidad del contrabando y los recursos disponibles para las organizaciones que controlan ese mercado. “Parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece; se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales”, indica el estudio.
Ante este escenario, el documento recomienda evitar incrementos bruscos del impuesto, fortalecer los controles contra el contrabando y coordinar la política tributaria con las estrategias de seguridad. También plantea proteger los recursos territoriales destinados a salud, que dependen parcialmente del recaudo de este gravamen.
“Subir los impuestos a los cigarrillos puede ser deseable desde un punto de vista de salud pública, pero sólo es sostenible si se hace sin empujar el sistema hacia la parte descendente del recaudo y si se reduce simultáneamente la rentabilidad del negocio ilegal”, concluye Mejía.