El problema fiscal de Colombia no está, por ahora, en el tamaño de su deuda, sino en la capacidad del Gobierno para ejecutar el ajuste que requieren las cuentas públicas. Y buena parte de esa tarea dependerá del Congreso.
Ese es uno de los principales diagnósticos de Citi Research en su informe LatAm Poised for Take-Off, publicado en septiembre de 2026 y en el que analiza las oportunidades y riesgos que enfrenta América Latina en medio de un dólar más débil, altos precios de las materias primas y mejores condiciones externas.
En el caso colombiano, Citi calcula que la deuda se encuentra alrededor de 60 % del PIB, un nivel cercano a la mediana de los países con calificación BB y todavía inferior al de otros países de la región con mayores problemas fiscales. El foco de preocupación está en el flujo de ingresos y gastos del Gobierno y en las crecientes necesidades de financiación.
La nueva administración revisó las cuentas para 2027 e incorporó obligaciones que, según su diagnóstico, estaban subestimadas o insuficientemente financiadas en sectores como salud y pensiones, además de subsidios, nómina, obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la reconstrucción posterior al terremoto.
El resultado fue una proyección de déficit fiscal de 9,4 % del PIB para 2027, una cifra que el propio Gobierno ha presentado como un reconocimiento del tamaño real del desequilibrio y no como el nivel al que pretende cerrar el próximo año.
A esto se suma un fuerte aumento de las necesidades de financiamiento. De acuerdo con las cifras recogidas por Citi, estas pasarían de $130 billones a $266 billones en 2027, producto tanto del mayor déficit como de mayores necesidades de refinanciación.
Un ajuste de $40 billones
El Gobierno prepara una ley de rescate económico con la que buscaría generar ahorros por cerca de $40 billones, equivalentes a 2,2 % del PIB, principalmente mediante medidas de gasto. Si el paquete se aplicara en su totalidad, el déficit podría reducirse hacia 7,2 % del PIB, según los cálculos oficiales citados por Citi.
Sin embargo, ahí comienza la parte más difícil. En Citi sostienen que los mecanismos capaces de producir una consolidación fiscal de esa magnitud son fundamentalmente políticos y no administrativos. Congelar partidas o recurrir a decretos puede producir ahorros parciales. El Gobierno, por ejemplo, ya efectuó una reducción del gasto de $21,9 billones para 2026.
Pero un ajuste más profundo requiere negociaciones anuales del presupuesto, modificaciones legales y, principalmente, aprobación del Congreso. Por eso, para el banco estadounidense, la pregunta central ya no es si Colombia necesita corregir sus finanzas, sino si existe la coalición política necesaria para hacerlo.
“La incertidumbre restante es si el Congreso apoyará medidas de la magnitud requerida”, señala el documento. Citi considera que el Gobierno ya reconoció buena parte de las obligaciones, calculó las necesidades de financiación y planteó un paquete legislativo concentrado en el gasto. Lo que falta es convertir ese diagnóstico en decisiones efectivas.
El banco aclara que estas dificultades no deben interpretarse como una debilidad de las instituciones fiscales. La regla fiscal, el ancla de deuda y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han ayudado históricamente a mantener credibilidad. El problema es que ese mismo marco hace que la corrección sea gradual.
El terremoto agrega presión a las cuentas en el corto plazo por los recursos que exigirá la reconstrucción. Pero Citi plantea que también podría abrir espacio político para repriorizar el gasto y discutir reformas fiscales que anteriormente enfrentaban mayor resistencia.
Así, el riesgo que identifica Citi no es todavía que la deuda colombiana haya alcanzado un nivel inmanejable. Es que el déficit siga alimentándola mientras el ajuste necesario queda atrapado en el trámite político.