El aumento del salario mínimo para 2026 comenzó a sentirse de manera inmediata en la estructura de costos de las empresas colombianas.
Desde enero, el nuevo nivel del ingreso básico $1.750.905 mensuales, más $249.095 de auxilio de transporte no solo impacta a quienes devengan el mínimo, sino que está generando ajustes transversales en distintos esquemas de remuneración y contratación.
Aunque la decisión del Gobierno busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, en la práctica ha obligado a muchas compañías a revisar sus presupuestos laborales y sus modelos de compensación, especialmente en un momento de márgenes estrechos y crecimiento económico moderado.
Uno de los efectos más visibles se ha dado sobre el salario integral, una modalidad utilizada para cargos de mayor nivel, generalmente a partir de diez salarios mínimos.
Con el ajuste decretado, este tipo de remuneración se elevó automáticamente hasta superar los $22.761.765 millones mensuales, lo que ha llevado a múltiples empresas a replantear su viabilidad financiera.
De acuerdo con análisis del sector legal y empresarial, este incremento ha encendido alertas sobre la sostenibilidad de este esquema en algunas organizaciones.
De acuerdo con Valeria Martínez, senior de servicios legales de KPMG en Colombia. varias compañías han comenzado a migrar a algunos trabajadores del salario integral hacia esquemas ordinarios. En estos casos, se mantiene al menos el 70% del ingreso previamente pactado como salario base, mientras que el 30% se reconoce como factor prestacional durante la relación laboral.
Estos cambios, en algunos escenarios, se complementan con ajustes adicionales ligados a la inflación, como una forma de preservar el ingreso real de los empleados sin disparar los costos.
Sin embargo, estas decisiones no son menores. Modificar la modalidad salarial implica revisar contratos, recalcular prestaciones sociales, aportes a seguridad social, parafiscales y recargos, lo que exige un manejo jurídico cuidadoso para evitar contingencias futuras. Un error en este proceso puede derivar en litigios laborales o sanciones administrativas.
Para quienes permanecen bajo el salario integral, el impacto también se siente en el frente tributario. El aumento del ingreso eleva la base gravable, lo que se traduce en una mayor carga en el impuesto de renta y en la retención en la fuente, reduciendo el ingreso disponible neto de estos trabajadores.
A este panorama se suma un factor de incertidumbre jurídica. Algunos analistas advierten sobre la posibilidad de que el decreto que fijó el salario mínimo sea objeto de demandas.
En caso de que se declare su nulidad, los efectos serían hacia adelante, lo que significa que los pagos ya realizados no podrían descontarse a los trabajadores ni compensarse por parte de los empleadores.
En conjunto, el incremento del salario mínimo ya está generando decisiones empresariales concretas en materia de contratación, remuneración y planeación financiera.
El reto para este año será encontrar un equilibrio entre el cumplimiento normativo, la protección del empleo y la sostenibilidad de las empresas en un entorno económico aún exigente.