En medio de un clima de polarización política, bajo crecimiento económico y reformas inconclusas, seis centros de pensamiento del país unieron esfuerzos para aportar propuestas concretas que permitan destrabar el desarrollo económico y social de Colombia. La iniciativa, que se viene gestando desde el año pasado, no responde a intereses partidistas ni electorales, sino a la necesidad de construir consensos técnicos que puedan ser útiles para el próximo Congreso y el Gobierno que suceda al de Gustavo Petro.
El punto de partida es una autocrítica: el país ha acumulado diagnósticos, debates y reflexiones, pero ha fallado en traducirlos en proyectos ejecutables. Por eso, el foco del trabajo, titulado Estrategias para el desarrollo económico y social de Colombia. Recomendaciones para el periodo 2026-2030, no está en grandes discursos, sino en propuestas “aterrizadas” que permiten avanzar en competitividad, regulación, salud, energía, seguridad y mercados financieros.
Los seis centros de pensamiento que participaron son el Consejo Privado de Competitividad (CPC), Anif, Así Vamos en Salud, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la Fundación para el Estado del Derecho (FEDe) y el Centro de Recursos para el análisis del conflicto (Cerac). Cada uno hizo propuestas para sus respectivos sectores, pero en conjunto, señalaron que la prioridad del nuevo Gobierno deberá estar centrada en arreglar el consenso constitucional y político, el cual se rompió en la actual administración; destrabar los proyectos de energía; crear un plan fiscal creíble, que venga acompañado de un sistema de gerencia, y desarrollar un plan inmediato de financiamiento del sector salud.
Desde el CPC, su presidenta, Ana Fernanda Maiguashca, advirtió que Colombia ha construido un entramado normativo excesivamente denso, en el que “pedir permiso” se volvió la regla. La acumulación de requisitos, licencias y autorizaciones —especialmente en comercio exterior, zonas francas, alimentos, educación, mercado inmobiliario y licenciamiento ambiental— ha limitado la innovación, desincentivado la formalidad y frenado el crecimiento del PIB. La propuesta apunta a una “cirugía” regulatoria que simplifique procesos sin debilitar los controles esenciales.
Andrés Caro Borrero, director de FEDe, señaló que el reto no es solo técnico, sino jurídico: las propuestas deben traducirse al lenguaje normativo del Estado colombiano para que sean aplicables. En ese proceso, la tecnología aparece como una aliada clave para mejorar la regulación y garantizar seguridad jurídica.
El sistema de salud fue otro de los ejes centrales. Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, planteó seis frentes urgentes: primero, estabilizar financieramente el sistema, inyectándole liquidez y realizando un cálculo adecuado de la UPC. Segundo, mantener un aseguramiento mixto. Tercero, buscar la sostenibilidad del sistema para que haya menos desperdicio y justicia distributiva para la incorporación de nuevas tecnologías de salud. Cuarto, seguir descentralizando el sistema. Quinto, fortalecer la oferta de servicios, y sexto, dignificar el talento humano en salud.
En materia energética, Tomás González, director del CREE, advirtió que, a diferencia de otras elecciones, en la actual la energía va a ser fundamental, pues es clave para el crecimiento económico. El país ya aprendió del elevado costo del apagón de los años noventa, estimado en 60 billones de pesos de hoy. A eso se suma la pobreza, pues actualmente hay 4,1 millones de viviendas sin acceso a energía. “Estamos en una situación compleja porque la oferta de gas natural, energía eléctrica y pronto la de petróleo no tiene la capacidad de crecer al ritmo de la demanda”, señaló, e insistió en la necesidad de destrabar proyectos, enviar señales claras a los inversionistas, pagar las deudas del sistema y replantear una transición energética que hoy luce desalineada con la realidad.
José Ignacio López, presidente de Anif, propuso trabajar en inclusión financiera —dado que solo el 35,5 % de los adultos accede al crédito formal— y en el mercado de capitales, el cual a su vez puede ayudar a mover más recursos para diferentes tipos de proyectos.
Insistió en la necesidad de acabar con la tasa de usura, que se ha convertido en un deshabilitante de la oferta de crédito, así como desmontar gradualmente el 4×1.000. Debido a que este impuesto es una importante fuente de recursos para la Dian, con un recaudo de 16 billones de pesos al año, la idea de Anif es bajar medio punto porcentual por año, en un proceso que tomaría dos gobiernos. “El primer tramo sería de 1 billón de pesos y creemos que es lograble, incluso con las cuentas fiscales apretadas”, puntualizó López.
Finalmente, el Cerac plantea aplicar en criminalidad el criterio de beneficiario final, para que los cabecillas de grupos ilegales respondan por los delitos cometidos por sus estructuras. También propone invertir la carga de la prueba en lavado de activos, de modo que sea el investigado quien demuestre el origen lícito de sus bienes. Además, sugiere retirar a la Policía de funciones administrativas como levantamientos o embargos, las cuales pueden ser realizadas por civiles, y reincorporar a miembros de la reserva, quienes se retiran a los 40 años y tienen mucho más tiempo de vida útil.