Aunque la reforma tributaria de 2022 abrió la puerta para que los colombianos no tuvieran que marcar una sola cuenta como exenta del 4x1000, la medida aún no ha podido implementarse y desde diferentes sectores empezaron a presionar para que este beneficio se convierta en realidad.
Desde Colombia Fintech, gremio de las empresas financieras de base tecnológica, y Nubank iniciaron una campaña recordando que van más de 500 días desde la fecha que se había establecido como límite para que arrancara el beneficio; luego se conoció que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo contra varias entidades financieras por los presuntos cobros indebidos del impuesto 4x1000 a sus usuarios.
El argumento es que esta situación está afectando a millones de colombianos que, aunque realizan operaciones financieras por debajo del límite establecido para el cobro del impuesto —que este año es de 18,3 millones de pesos mensuales—, terminan tributando por tener más de una cuenta de ahorros. Si mueven dinero desde una cuenta que no está marcada como exenta, aunque sea una suma mínima, deben pagar el 4x1000.
En Colombia Fintech atribuyen la demora en la implementación del alivio —que eliminaría la necesidad de marcar una cuenta de ahorros como exenta y permitiría sumar todas las operaciones sin importar la entidad financiera— a la falta de voluntad política y a que no todas las entidades están listas, en particular las cooperativas.
Sin embargo, desde el sector solidario tienen otra visión. Freddy Castro, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras (Fecolfin), señala que el problema está en la forma como quedó redactada la norma: exige adoptar un único sistema de información para verificar, controlar y atender el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), pero no definió quién debía desarrollarlo ni cómo debían coordinarse todas las entidades obligadas.
El reto no es menor. En este ecosistema participan 548 organizaciones: 173 cooperativas de ahorro y crédito, 336 fondos de empleados y 39 establecimientos de crédito. Las dos primeras son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, mientras que los establecimientos de crédito están bajo supervisión de la Superintendencia Financiera. Para Castro, poner de acuerdo a más de 500 entidades alrededor de un solo proveedor tecnológico es una tarea compleja.
La discusión empezó incluso antes de que se expidiera la ley. El Gobierno convocó mesas de trabajo con actores del sistema financiero y solidario para buscar una alternativa, pero, según Castro, la última reunión fue en abril de 2025. Desde entonces, el proceso no ha tenido avances suficientes.
El dirigente gremial sostiene que no se trata de falta de disposición de las entidades. En el caso de las cooperativas, asegura que muchas avanzaron en la búsqueda de una solución tecnológica, principalmente con el operador Passport, mientras otros actores, como los bancos, exploraron opciones como la central de riesgo e información crediticia TransUnion. Sin embargo, advierte que cada organización tiene necesidades, costos e infraestructuras distintas.
Señala que las cooperativas ya están listas y que donde podría haber demoras es en los fondos de empleados, pues la aplicación de esta medida requiere que todas las entidades estén conectadas y así poder determinar si una persona supera el monto de operaciones permitidas y proceder a cobrarle el impuesto.
Para Fecolfin, el problema de fondo es normativo. Castro considera que el artículo que le da vida a esta gabela tributaria debe reescribirse, pues la ley no otorgó facultades claras para resolver el asunto mediante decreto. Por eso, advierte que la implementación podría quedar como tarea de un próximo gobierno.