Soraya Montoya lleva años insistiendo en que hablar de inclusión educativa no puede limitarse a una conversación sobre acceso. Desde la dirección ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha ha acompañado debates sobre envejecimiento, discapacidad y derechos sociales, pero en 2026 el tema adquiere una relevancia especial: Colombia acaba de presentar la Estrategia Nacional de Educación Superior Inclusiva, una hoja de ruta construida entre universidades, Gobierno y organizaciones sociales para enfrentar una deuda histórica con miles de estudiantes con discapacidad.
La cifra que hoy moviliza la discusión es contundente: solo 17 de cada 100 personas con discapacidad acceden a educación superior en Colombia. Aunque el país ha avanzado en normativas y políticas públicas, las brechas siguen siendo profundas y revelan barreras estructurales que comienzan mucho antes del ingreso a una universidad.
“Las barreras comienzan desde mucho antes del ingreso a la educación superior y por eso hablamos de la necesidad de garantizar trayectorias educativas completas, diversas y pertinentes desde la primera infancia y a lo largo del curso de vida”, explica Montoya.
La directora reconoce que Colombia ha logrado construir un marco normativo robusto en materia de educación inclusiva. Menciona, entre otros avances, la implementación del Decreto 1421, los lineamientos de política para la inclusión y la política de educación superior inclusiva. Sin embargo, insiste en que las cifras muestran que todavía existe una distancia significativa entre las normas y la realidad cotidiana de miles de estudiantes.
“La educación inclusiva debe ser una prioridad de la política educativa. La educación de calidad tiene que ser inclusiva para todas las personas sin dejar a nadie atrás”, señala.
Más allá del acceso
Uno de los principales cambios de enfoque de la nueva Estrategia Nacional es dejar de medir la inclusión únicamente desde el número de estudiantes que logran ingresar a una institución de educación superior. Para quienes participaron en la construcción del documento, el verdadero desafío comienza después de cruzar la puerta de entrada.
“Durante años medimos la inclusión con los indicadores de acceso, cuando en realidad el acceso es apenas el inicio. Si una persona entra, pero no cuenta con espacios y materiales accesibles, apoyos, ajustes en evaluación, docentes formados o un sistema de bienestar inclusivo, lo más probable es que se quede atrás o que abandone”, afirma Montoya.
Por eso, la estrategia pone el foco en tres verbos: acceder, permanecer y progresar. La idea es que las instituciones de educación superior desarrollen capacidades concretas para garantizar trayectorias académicas completas y dignas.
En esa línea, el plan contempla diez prioridades que van desde políticas institucionales inclusivas y formación docente hasta bienestar universitario, apoyos financieros, investigación e inteligencia artificial aplicada a procesos de inclusión. También propone fortalecer sistemas de apoyo para estudiantes con discapacidad y ampliar la participación en la vida universitaria más allá del aula.
En conversación con SEMANA, Montoya insiste en que no puede reducirse a infraestructura o accesibilidad física. El reto también es cultural y académico. “La infraestructura importa, pero no es suficiente. Lo urgente es transformar la cultura institucional para garantizar participación plena”, sostiene.
Eso implica revisar metodologías de enseñanza, sistemas de evaluación, servicios de bienestar y expectativas sobre el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Para la Fundación Saldarriaga Concha, la inclusión se mide finalmente en la posibilidad de construir autonomía y proyectos de vida.
“La inclusión se mide en si una persona puede construir un proyecto de vida profesional con autonomía: graduarse, acceder a empleo digno u optar por emprender y ejercer ciudadanía plena en el marco de sus derechos”, agrega.
Una estrategia construida en colectivo
Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la construcción conjunta entre distintos actores del sistema educativo. La estrategia reunió al Ministerio de Educación, otros ministerios, universidades públicas y privadas, organizaciones de personas con discapacidad, Ascun, el Instituto Nacional para Sordos, el Instituto Nacional para Ciegos y la Fundación Saldarriaga Concha, con acompañamiento del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina.
Según Montoya, el principal reto fue lograr consensos entre instituciones con ritmos, responsabilidades y capacidades distintas. Sin embargo, asegura que el proceso avanzó gracias a una metodología basada en confianza y construcción técnica. “Lo valioso del proceso es que el consenso no se construyó desde el discurso, sino desde la confianza, la claridad técnica y la voluntad institucional”, explica.
La estrategia comenzará en 2026 una fase de implementación enfocada en fortalecimiento institucional y acompañamiento entre universidades. Uno de los mecanismos centrales será el llamado ‘Colaboratorio’, un modelo en el que instituciones con experiencias avanzadas en inclusión acompañarán durante seis meses a universidades que apenas comienzan estos procesos.
La meta, según la Fundación Saldarriaga Concha, es evitar que la inclusión dependa únicamente de iniciativas aisladas o de la voluntad individual de algunos docentes y funcionarios.
“La meta es que la inclusión deje de depender de esfuerzos individuales y se convierta en capacidad institucional instalada, sostenible en el tiempo”, afirma Montoya.
El desafío de pasar del discurso a la transformación
Aunque la estrategia ha sido recibida como un avance importante, quienes participaron en su construcción reconocen que el desafío más complejo apenas comienza. La sostenibilidad del proyecto dependerá de recursos, seguimiento y voluntad política de largo plazo.
Para Montoya, el país debe evitar que esta hoja de ruta termine convertida en una declaración simbólica sin impacto real en las universidades y en la vida de los estudiantes. “El principal compromiso es asumir la Estrategia como una responsabilidad compartida con seguimiento, no como una declaración simbólica”, advierte.
Eso implica fortalecer la articulación estatal, incorporar la inclusión en presupuestos institucionales y mejorar los sistemas de información para medir permanencia, graduación y necesidades de apoyo. “Necesitamos datos para saber cuántos estudiantes ingresan, cuántos permanecen, cuántos se gradúan y qué apoyos necesitan. Lo que no se mide, no se gestiona”, concluye.
La discusión llega en un momento clave para la educación superior colombiana. Mientras las universidades enfrentan desafíos financieros, debates sobre cobertura y transformaciones tecnológicas aceleradas, la inclusión aparece como una prueba concreta sobre la capacidad del sistema educativo para responder a la diversidad del país.