Poco a poco las instituciones educativas, tanto colegios como universidades, están volviendo a sus labores y se están acabando las vacaciones, por lo que los niños, niñas y jóvenes retoman sus responsabilidades de estudios.
Para ello, muchos deben cumplir ciertos requisitos, aunque la ley es clara al advertir que se debe garantizar el acceso a la educación a todos los menores de edad.

En ese sentido, el manual de convivencia es uno de los pilares para que los centros educativos funcionen de la mejor manera y las reglas sobre los comportamientos de los miembros estén más que claras.
Entre otras cosas, allí también se estipula cómo debe ser el uso correcto del uniforme escolar y otros códigos de vestimenta y presentación personal, con los que se busca que todos los estudiantes estén alineados.

Pese a que esta normativa permite que los colegios apliquen ciertas sanciones sobre las personas que están estudiando allí, hay otros apartados de la ley que se deben tener muy presentes para evitar recibir castigos que pueden llegar a ser ilegales.
El tema del uniforme ha sido uno de los que más debates ha generado, puesto que en el pasado se han presentado casos donde los niños y jóvenes eran devueltos a sus casas por no llevarlo completo.

En el 2010, mediante la Directiva 07, el Ministerio de Educación estableció, entre otras cosas, que las instituciones solo pueden exigir el uso de un uniforme para el uso diario y otro para actividades de educación física (sudadera).
Por esa misma línea, la cartera señaló que el estudiante que no cuente con las condiciones económicas necesarias para poder comprar el uniforme, ya sea el de uso diario o la sudadera, tendrá todo el derecho de recibir educación y, por lo mismo, los colegios no pueden impedir su ingreso.

"Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas", recordó la Secretaría de Educación de Bogotá.
Además, otro dato importante es que ningún establecimiento educativo puede exigir uniformes de una marca específica o de un proveedor definido, ya que se considera que esto vulnera los derechos fundamentales de los menores.
En caso de que el colegio no cumpla con estos parámetros, los estudiantes o padres de familia pueden hacer la respectiva denuncia ante la Secretaría de Educación correspondiente.
