El Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) presentó los resultados de un cruce técnico de información entre el reporte de graduados realizado por las Instituciones de Educación Superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y las bases de datos de los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT suministradas por el Icfes.
El análisis, correspondiente al periodo 2019-2024, consolidó 2.410.921 registros de graduados de pregrado y 4.068.553 registros de pruebas Saber Pro y Saber TyT, cruzados mediante una llave construida con tipo y número de documento.
A partir de este ejercicio se identificaron 78.756 graduados, equivalentes al 3,27 %, sin registro de presentación del examen, así como 5.239 casos con presentación posterior a la fecha de grado.
Los resultados fueron diferenciales por nivel de formación. En el nivel universitario se reportaron 40.940 casos (2,67 %), mientras que en el nivel técnico y tecnológico se identificaron 37.816 casos (4,31 %), de acuerdo con la información entregada por la cartera educativa.
El cruce permitió establecer que 269 Instituciones de Educación Superior (IES), equivalentes al 97,4 % de las que reportaron graduados en este periodo, registran al menos un caso de graduados sin evidencia de presentación de la prueba de Estado, según la metodología utilizada.
El ministro @DanielRMed explicó que, tras cruzar los datos de 2,4 millones de graduados (2019-2024) con el ICFES, se encontró que el 3,27% (78.756 personas) recibió su título sin el registro de la prueba de Estado. Este hallazgo, que involucra al 97,4% de las instituciones del… pic.twitter.com/sZj8ls3Ocb
— MinEducación (@Mineducacion) March 2, 2026
Posibles causas y revisión del proceso
El ministro de Educación, Daniel Rojas, señaló que pueden existir diversos factores que expliquen estas inconsistencias, entre ellos:
- Fallas en los reportes de información de las instituciones en el SNIES.
- Problemas de calidad en la base de datos del Icfes.
- Errores en el cargue o actualización de datos.
- Situaciones asociadas a procesos administrativos al interior de las IES o de inscripción al examen.
- Posibles desinformaciones o vacíos en la cadena de registro.
“Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar este tipo de situaciones”, indicó el ministro Rojas.
Frente a eventuales medidas sancionatorias, el ministro precisó que la ley contemplará mecanismos cuando haya lugar a ellos. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal de este ejercicio no es punitivo, sino preventivo y correctivo.
“El propósito es prevenir, corregir y mejorar. Este proceso debe entenderse como una oportunidad para fortalecer el sistema”, aseguró el ministro.
Ya pusimos en marcha las medidas para corregir esta situación: se instalarán mesas de trabajo con las 269 instituciones para limpiar los datos y ajustar los sistemas de reporte. El objetivo es que este proceso sirva de base para una reforma integral, donde aumentar los cupos en… pic.twitter.com/9M7QkJqATR
— MinEducación (@Mineducacion) March 2, 2026
Entre las medidas están:
- Gestión de registros no cruzados y fortalecimiento de la comunicación con las instituciones de educación superior.
- Instalación de mesas de trabajo con las 269 instituciones para revisar la calidad del reporte.
- Depuración técnica de inconsistencias para identificar causas y soluciones.
- Evaluación de ajustes en los procesos y sistemas de información entre IES, Icfes y SNIES.
Rojas presentó este ejercicio como parte de la función de inspección, vigilancia y control del sistema y como un paso hacia una reforma integral de la educación superior. Señaló que no se trata únicamente de ampliar cobertura y acceso, sino de garantizar que esa expansión esté acompañada por estándares de calidad.
En cuanto al caso de la Fundación Universitaria San José, el ministro aclaró que las medidas administrativas y sancionatorias no están relacionadas con el cruce técnico sobre la presentación de las pruebas de Estado.
Indicó que dichas actuaciones “hacen parte de un proceso de inspección y vigilancia que se adelanta por presuntas irregularidades en convenios, inconsistencias en el reporte de información al SNIES y presuntas denuncias por graduados sin cursar materias”.